Los estados de la República Mexicana obtienen ingresos a través de varios mecanismos fiscales: las Participaciones (Ramo-28), las Aportaciones (Ramo-33) y los convenios de desarrollo, que son parte del Ramo-23. Las participaciones son administradas por los estados sin restricciones, mientras que las aportaciones están claramente dirigidas a finalidades específicas establecidos por la ley, y los convenios se acuerdan de manera individual.
La mayor parte de las aportaciones están destinadas a áreas críticas como Salud, Educación y Seguridad Pública. Estos sectores son esenciales para la formación del capital humano y la actividad económica en las entidades federativas, y su financiamiento es crucial. Para monitorear y analizar estos gastos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece datos a través de la estadística EFIPEM, que abarca el período de 2011 a 2023. Esta fuente permite desglosar tanto el gasto total como el que se destina a estos sectores clave.
Sin embargo, en los primeros cinco años del gobierno anterior, se observó una tendencia preocupante: el gasto estatal se redujo drásticamente en comparación con el aumento del gasto federal. Las erogaciones en áreas fundamentales como la educación y la salud sufrieron caídas significativas, algo que se torna más alarmante si se considera el impacto que la pandemia ha tenido en estas áreas. Por ejemplo, en 2023, la inversión estatal alcanzó solo el 53% de los niveles de 2011, y los gastos en seguridad pública se limitaron a un escaso 15%.
Entre 2019 y 2023, la disminución del gasto estatal en salud, educación y seguridad fue evidente, alineándose con las prioridades del gobierno de ese periodo. Durante esos años, el gasto de la Secretaría del Bienestar, que dirige los programas sociales, mostró un crecimiento del 34.5% anual en promedio, contrastando con la reducción en otros sectores.
La caída en estos servicios esenciales se debió en gran parte a recortes en los convenios con los estados, cuya disponibilidad de recursos depende en gran medida de las decisiones de la federación. Aunque las participaciones y aportaciones no disminuyeron, sí ha sido evidente un descenso en la inversión en sectores críticos.
Las restricciones en los recursos para Salud, Educación, e Infraestructura se han agudizado, revelando una falta de solvencia en las finanzas públicas de los estados. La descentralización en estos ámbitos ha encontrado obstáculos significativos, manifestándose en una infraestructura pública claramente deficiente. Desde la crisis económica global de hace quince años, el crecimiento de la economía ha sido desalentador y los ingresos de los gobiernos subnacionales no han crecido de manera que respalde sus necesidades.
A pesar de que las transferencias federales, canalizadas a través de programas sociales, han mejorado la situación en algunas áreas, también han contribuido a un panorama de precariedad en el capital físico y humano y en la seguridad pública. Es imperativo que se reviertan estas tendencias, estableciendo un marco claro que defina las responsabilidades y recursos asignados a cada nivel de gobierno, así como la coordinación necesaria entre la federación y los estados para abordar estas problemáticas de manera efectiva.
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