Diez bancos y administradores diferentes manejaron sin cuestionar su procedencia en el paraíso fiscal de Jersey (islas del Canal) 15 millones de euros cuyo único beneficiario durante ocho años fue Juan Carlos I cuando era jefe del Estado, según se desprende de las investigaciones internas de estas compañías y de las pesquisas archivadas el pasado mes de marzo por la Fiscalía Anticorrupción.
Diversa documentación sobre los movimientos de este dinero a la que ha tenido acceso Columna Digital, acredita que la ausencia de información sobre su origen incomodó durante casi dos décadas a sus numerosos gestores y administradores. Los últimos ordenaron investigaciones a sus departamentos de Cumplimiento, el encargado de velar por la reputación de sus compañías. Ninguna de las pesquisas pudo determinar el verdadero origen de esa fortuna, pero, al igual que la Fiscalía Anticorrupción española que indagó a fondo sobre este dinero, ninguna de ellas encontró indicios de delito. La compañía de Jersey Zedra Trustees, la última en gestionarlo, decidió continuar su administración, pero elevó “significativamente” sus tarifas por el mayor riesgo reputacional que suponía para su empresa. Steven Bowen, su director general, declina responder a las preguntas de este diario acogiéndose a la confidencialidad que afirma le obliga la relación con sus clientes.
Los 15 millones iniciales terminaron en 2004 a nombre del trust JMR 2004, cuyo beneficiario era Joaquín Romero Maura, exprofesor de historia en la Universidad de Oxford, recientemente fallecido, que fue amigo de Juan Carlos I. Los fondos se acaban de donar por orden de Romero Maura a la ONG británica Refugee Council de ayuda a refugiados que sopesa aceptarlos.
Alertas constantes
La larga cadena de sociedades, bancos y administradores de los tres trust en los que se ha movido esta fortuna desde 1995 a 2022 se modificó varias veces, pero nunca se rompió. Ninguno de los bancos o compañías que lo gestionaron rechazó admitir ese dinero, pese a que sus departamentos de cumplimiento alertaron en varias ocasiones del alto riesgo de manejar una fortuna de origen desconocido. El entonces rey Juan Carlos I, su amigo y administrador Manuel Prado y Colón de Carvajal, condenado por el caso Kio/Torras y creador de los dos primeros trusts Tartessos y Hereu donde afloró por primera vez el dinero; y Joaquín Romero Maura, el último beneficiario, eran PEPS (Personas Políticamente Expuestas, que, en la jerga bancaria, es una persona de riesgo que exige una mayor diligencia para exigirle que acredite el origen de sus depósitos).
Solo en 2020, cuando trascendió que el rey emérito estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción y se descubrió su cuenta oculta de 65 millones en Suiza, sonaron las alarmas en Saint Helier, capital de la pequeña isla de Jersey, que tiene unos 38.000 habitantes y está a unos 50 minutos de avión desde Londres. Entonces se inició una investigación a fondo.
El 1 de diciembre de 2020, el comité de Zedra, formado por su director gerente, el jefe de Cumplimiento, y el jefe de Banca Privada decidieron continuar con la gestión de los fondos al no encontrar evidencias que los relacionaran con la corrupción. Para su investigación Zedra, contó con informes de Riskcreen, compañía que elaboró perfiles de riesgo sobre Romero Maura y sobre Simeón Sajonia-Coburg-Ghota (Simeón de Bulgaria). Este último donó en 1999 un total de 9 millones de dólares (8,4 millones de euros) a los dos fondos iniciales desde una cuenta suiza en el JP Morgan. Zedra, también, incorporó dos investigaciones “en profundidad” (deep due diligence) de la compañía luxemburguesa Sqope, y declaraciones de John Ruddy, responsable de Bermuda Trust (antes Standard Chatered Trust Company), primer “protector” (settlor) de JMR 2004 Trust cuando se creó en 2004, en el número 50 de La Colombiere, en St Helier, la diminuta capital de Jersey, un vivero de despachos de abogados y administradores que acogen a miles de sociedades y fundaciones opacas.
Agujeros y lagunas
Pero la investigación de Zedra careció de información o documentación de Nadine Limited, la vidriosa sociedad en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas de donde llegó el dinero original a los trusts creados en Jersey por Manuel Prado. En esta cuenta opaca se recogieron supuestas donaciones en favor de Juan Carlos I entre los años 50 y 70 del siglo pasado (unos seis millones de euros) de personas sin identificar. No hay documentos que las acrediten. Tampoco se dispuso de la documentación del banco HSBC Trustees, administrador anterior a Zedra, que aseguró no conservarla.
La oscuridad sobre el origen del dinero fue la que provocó la salida de HSBC Trustees y su cambio por Walbrook Trustees (Jersey). Otra compañía que de nuevo volvió a exigir claridad sobre el origen del dinero. Y en especial que se le demostrará que el entonces jefe del Estado no había recibido fondos de los trusts originales creados por Manuel Prado cuando se traspasaron a Romero Maura.
De esa exigencia procede la carta del historiador en la que indica a Walbrook que, en diciembre de 2003, se reunió con Juan Carlos I quien le explicó que el propósito inicial de los fondos había desaparecido, ya que la institución monárquica gozaba de estabilidad y había decidido renunciar a ese dinero y donárselo a él en gratitud por sus servicios. El monarca también le advirtió que de conocerse la existencia de esa fortuna “resultaría embarazoso para la monarquía”. Walbrook Trustees se dio por satisfecho con esas explicaciones y aceptó en 2006 su nombramiento como administrador. Esta compañía fue adquirida por Barclays Wealth Trustees quien la gestionó hasta 2018. Este banco ha declinado responder a las preguntas de este diario y asegura cumplir con un estricto proceso de comprobación de sus clientes.
Falta documentación
La investigación de La Fiscalía Anticorrupción, la más reciente de todas, tampoco logró poner luz en el origen de esta fortuna. Los fiscales rescataron de los archivos las dos condenas de Manuel Prado en 2004 y 2006 por el caso Torras donde se demostró que el amigo del entonces rey desvió 12 millones al banco Sogenal en Ginebra y recibió 80 millones de dólares (75.1 millones de euros) en “pagos de guerra”. En ambos casos el tribunal destacó entonces que nunca se supo adonde fue a parar el dinero. Pero la fiscalía resaltó en su reciente decreto de archivo que no encontraron pruebas que vinculen ese dinero con los fondos de los que se nutrió JMR Trust. Antes de la creación de este último, Prado propuso crear una fundación en Vaduz (Liechtenstein), idea que finalmente se desechó. Una señal más de la opacidad que buscaba el que fue exsenador por designación real en las primeras Cortes democráticas.
Alejandro Luzón, fiscal anticorrupción, dejó patente en su decreto de archivo su opinión sobre la dificultad de conocer la verdad. “No existiendo actualmente documentación soporte disponible, probablemente nunca se conocerá con total certeza el origen de los fondos”, reza el documento.
La larga cadena de bancos y gestores que desde las Islas Vírgenes Británicas hasta Jersey manejaron en secreto este dinero durante 27 años, pese a intentar algunos descifrar el misterio y no conseguirlo, nunca renunciaron a administrarlo.
Casas para Romero Maura y escasa actividad
En sus 18 años de vida JRM Trust 2004 ha tenido una actividad muy baja, salvo los pagos de los honorarios a sus numerosos administradores. Joaquín Romero Maura dispuso en varias ocasiones del dinero depositado, según ha acreditado la investigación de la Fiscalía Anticorrupción basándose en el testimonio de John Ruddy, el gestor (protector) del trust. En el primer año de actividad del trust y hasta el 31 de marzo de 2005 JRM 2004 Trust distribuyó 2.497.689 en favor del historiador que lo destinó a compras de propiedades para él y su esposa en el Reino Unido y Suiza. Hay, al menos, otras ocho disposiciones a su nombre de unos 2,3 millones de dólares (2,1 millones de euros) entre 2013 y 2016. Pero no aparecen disposiciones a terceros.
Un trust es un instrumento jurídico del derecho anglosajón muy común en el Reino Unido. De naturaleza fiduciaria, la persona que lo crea (settlor) establece un patrimonio separado al que se transmiten los activos. Estos los administra el trustee en favor de las personas designadas como beneficiarios. El trustee, en ocasiones, recibe la ayuda de un protector elegido por el settlor para fiscalizar y controlar el trabajo del trustee. Este, en general, se rodea de asesores de inversiones.
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