Una treintena organizaciones de atención a personas migrantes y de defensa de sus derechos han presentado una denuncia ante la Fiscalía de Valencia por un posible delito de odio contra el inspector jefe de la Policía Nacional Ricardo Ferris, quien el pasado 14 de octubre, equiparó con bulos la inmigración con la delincuencia y afirmó que “la práctica totalidad de los detenidos son extranjeros” en un acto organizado por el grupo de Vox en las Cortes Valencianas y la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes). Los denunciantes consideran que aquellas palabras no están amparadas por la libertad de expresión: “No estamos ante un comentario aislado, sino ante una intervención extensa plagada de falsedades que consideramos no solo tendenciosas, sino delictivas”
Las entidades piden a la Fiscalía que investigue al policía como presunto autor de un delito de odio por “incitar al odio contra las personas extranjeras” e incitar a la violencia contra ellas. Esta infracción penal está recogida en el artículo 510.1.a del Código Penal y contempla penas de prisión de 1 a 4 años y multas, según detallan en un comunicado conjunto las organizaciones firmantes, entre las que están SOS Racisme y Valencia Acull. Las asociaciones recalcan en su escrito que Ferris no fue presentado en la jornada de debate de aquel 14 de octubre como un particular, sino como inspector jefe de la Policía y máximo responsable en aquel momento de la Comisaría Centro de Valencia. A la pregunta del presentador: “¿La situación de la seguridad ciudadana en Valencia tiene que ver con la nacionalidad, está afectando?”, el inspector jefe respondió: “Para mí, inmigración ilegal es igual a delincuencia”. La denuncia destaca la amplia difusión y repercusión que tuvieron aquellas palabras.
Tras conocerse sus declaraciones, recogidas en un vídeo que se hizo viral, Interior destituyó de manera fulminante al mando policial como responsable de la comisaría centro de Valencia y le abrió una información reservada, paso previo a un expediente disciplinario, tanto por sus palabras como por hecho de que no había pedido autorización a sus superiores para intervenir en el acto en su condición de policía. Días después de su cese, Ferris solicitó el pase a la segunda actividad, una situación contemplada para los agentes de la Policía Nacional por la que abandonan la actividad policial, pero siguen cobrando parte de sus retribuciones como funcionarios (el sueldo base, trienios y un complemento). Ferris debe entregar el carné profesional, la placa y el arma, según explican fuentes policiales. En esta situación, que en su caso es efectiva desde el pasado martes, podrá realizar trabajos de carácter privado.
Desde su cese, Ferris, que cuenta con el apoyo del sindicato Justicia Policial (Jupol, fuertemente enfrentado al Gobierno), ha continuado haciendo declaraciones en diversos medios de comunicación en los que continúa equiparando inmigración irregular con delincuencia. El inspector jefe también ha cargado contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, contra el PSOE y el PP, y ha mostrado abiertamente su cercanía a Vox, según se recoge en mensajes que él mismo ha difundido a través de la aplicación WhatsApp a los que ha tenido acceso este diario. Tras su pase a la segunda actividad, Ferris ya no está sometido al régimen disciplinario de la Policía, detallan fuentes policiales.
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El mando policial instó en su intervención del pasado 14 de octubre a “actuar y echarle narices” a “la situación actual” y afirmó que “los españoles somos un pueblo pacífico, pero desgraciadamente vamos a tener que dejar de serlo”. Ferris no aportó datos que sustentaran sus afirmaciones. De hecho, los datos oficiales desmienten sus declaraciones. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos en la denuncia, de los 282.210 personas condenadas el año pasado por la comisión de delitos, 229.660 (el 81%) tenían nacionalidad española o de otros países de la UE. En la Comunidad Valenciana, donde trabajaba el inspector jefe, los porcentajes son similares: de 34.927 condenados, 25.751 eran españoles o comunitarios (cerca de 74%) y solo 9.176 eran extranjeros.
El mando policial aseguró en su polémica intervención ee octubre que hacía cinco años que no trabajaba con delincuentes nacionales, “Cuando hago algún detenido nacional, y les puedo asegurar que tengo aquí algún policía de mi comisaría, siempre hago la misma broma: este en vez de al juzgado lo vamos a pasar al centro de especies reservadas de El Saler porque es que ya no existe [risas]. Es verdad y en otras comisarías, exactamente igual. Cuando oigo esto de porcentajes, el 30, el 40, el 50 [por ciento]…, para mi es algo absurdo, no tiene que ver con la realidad porque, desgraciadamente, a día de hoy, nos guste o no, la práctica totalidad de los detenidos que hace la Policía y la Guardia Civil son extranjeros”.
En otro momento, el entonces comisario jefe se refiere a los delitos sexuales y las violencias de género, “Yo ahí no veo a ningún español. Absolutamente todas las violaciones que se están cometiendo en España están siendo cometidas por gente que viene de fuera […]. Y la violencia de género que ahora está tan de moda, exactamente igual. Señores, los españoles somos un pueblo pacífico, pero desgraciadamente vamos a tener que dejar de serlo porque la delincuencia que nos está viniendo…”.
Los colectivos recuerdan en su denuncia ante la Fiscalía que, en 2003, Ricardo Ferris, que entonces era coordinador de la Policía Nacional en el barrio valenciano de Russafa, “ya identificó a las personas migrantes con los delincuentes”. Entonces, en presencia del entonces delegado del Gobierno, Juan Cotino, y del concejal de Seguridad Ciudadana de Valencia, Miguel Domínguez, aseguró: “Antes de seis meses, o abandonan el barrio de Russafa como centro de operaciones o estarán todos en la cárcel o en sus lugares de origen”.
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