El crecimiento desordenado de Tijuana, Baja California, ha desencadenado una grave crisis ambiental y de salud que se extiende más allá de su frontera. A diario, miles de litros de aguas negras atraviesan el río Tijuana, contaminando tanto el territorio mexicano como el estadounidense. Este fenómeno, agravado por la falta de infraestructura adecuada para el saneamiento urbano, ha llevado a las autoridades estadounidenses a intensificar sus presiones sobre México para abordar este problema de manera urgente, especialmente con el inicio de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Una de las principales preocupaciones radica en la Estación de Bombeo de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que, aunque se usa para desviar las aguas hacia la costa mexicana, no puede contener la cantidad de aguas residuales que terminan en Estados Unidos, afectando un área que incluye el humedal costero más grande del sur de California. La situación es preocupante: la contaminación ha escalado a niveles alarmantes y la región se encuentra en una crisis ambiental severa.
Desde 1940 hasta 2000, Tijuana ha visto un crecimiento poblacional promedio de casi 10,000 nuevos residentes anuales, con una población actual de aproximadamente 2.2 millones. Este crecimiento ha superado la capacidad de su infraestructura de drenaje y tratamiento, que ya estaba en condiciones precarias. Un análisis del CILA advierte que para 2050, se espera un aumento poblacional del 40%, lo que ejercerá aún más presión sobre un sistema cada vez más frágil.
Los problemas estructurales son evidentes. En el pasado, los tijuanenses decidieron hacer del río un sistema de drenaje. Esto ha llevado a que, en su recorrido hacia la frontera, el arroyo reciba descargas irregulares y aguas residuales sin tratar. La planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, aunque tiene capacidad para procesar 1,500 litros por segundo, no puede manejar el volumen total de descargas, lo que provoca escorrentías hacia Estados Unidos.
Las playas del sur de California sufren las consecuencias. Durante la semana santa de 2026, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) declaró las playas Tijuana I, Baja Malibú y Playa Blanca como no aptas para el uso recreativo. En 2025, la situación no había mejorado, ya que diversas playas recibieron la misma calificación debido a altos niveles de contaminación.
En total, Tijuana cuenta con 18 plantas de tratamiento de aguas residuales que, a pesar de tener una capacidad suficiente para procesar la cantidad generada, no están operando a su máxima capacidad. Esto se debe a que varias de ellas están fuera de operación o funcionan de manera intermitente, dejando un gran número de aguas residuales sin tratamiento.
La infraestructura de saneamiento en Tijuana está en un estado crítico, con la mayoría de las redes de alcantarillado requiriendo reparaciones inmediatas. A pesar de que el 96% de los ingresos de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) proviene de tarifas, estos fondos no son suficientes para cubrir las necesidades de mantenimiento o para trabajar en mejoras estructurales.
El impacto de esta contaminación no queda limitado a las aguas. Los aerosoles generados por la contaminación afectan la salud de la población. Los estudios de calidad del agua han mostrado que el río Tijuana a menudo excede los estándares de calidad impuestos tanto por Estados Unidos como por México, lo que evidencia un tratamiento inadecuado de las aguas residuales.
Para abordar esta crisis sanitaria y ambiental, se requieren inversiones significativas en infraestructura y una mejora en la gobernanza. Recientemente, autoridades y organizaciones civiles han intensificado sus exigencias, solicitando al gobierno mexicano un programa de financiamiento multianual y planes que garanticen el mantenimiento adecuado de las instalaciones existentes.
Mientras los problemas sobre el agua sucia persisten, la solución debe ser integral, conforme lo destacó la Fundación Prebys. Las acciones necesarias incluyen el cumplimiento de los compromisos establecidos en los acuerdos binacionales y la implementación de un plan de rehabilitación y mejora de la infraestructura de tratamiento de aguas residuales.
El agua contaminada proveniente de Tijuana sigue fluyendo hacia Estados Unidos, y hasta que no se tomen medidas decisivas, la crisis continuará afectando a las comunidades de ambos lados de la frontera.
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