El escenario político en Bolivia ha tomado un giro inesperado, con el presidente Rodrigo Paz anunciando su intención de recuperar el control sobre el Chapare, una región emblemática ligada al ex presidente Evo Morales. Durante una reciente reunión con la Central Obrera Boliviana (COB), Paz subrayó: “Vamos a recuperar cada territorio que hoy día no nos pertenece.” Este pronunciamiento, realizado el 17 de junio de 2026, marca un claro incremento en la tensión entre el gobierno de centroderecha y el antiguo liderazgo de izquierda, donde la figura de Morales empieza a mostrar signos de desgaste incluso dentro de su eje de apoyo.
El Chapare, reconocido como un bastión cocalero en el departamento de Cochabamba, ha sido el refugio de Morales desde finales de 2024, cuando una orden de captura judicial lo llevó a evadir a la justicia. Este territorio no solo tiene un valor estratégico, sino también simbólico, ya que fue allí donde el ex presidente comenzó su carrera como líder sindical en las décadas de los noventa. Paz, que asumió la presidencia enfrentando un país sumido en una de sus crisis económicas más profundas en cuatro décadas, busca revertir una situación de descontento popular en la que las organizaciones indígenas y cocaleras habían bloqueado carreteras y exigido su renuncia.
En medio de un ambiente de creciente conflicto, el gobierno declaró un estado de emergencia y promulgó nuevas leyes para permitir la intervención conjunta de la Policía y las Fuerzas Armadas, definiendo el Chapare como el único punto de resistencia activa contra su autoridad. Aunque se levantaron los bloqueos sin incidentes mayores, la tensión sigue latente, con Morales continuando su discurso de resistencia. En una entrevista reciente, advirtió sobre la posibilidad de una guerra civil civil si el gobierno persistía en su enfoque, indicando que sus seguidores están bien organizados para enfrentar cualquier intento de intervención.
El gobierno de Paz, que llegó al poder tras dos décadas de hegemonía de la izquierda, responsabiliza a Morales de incitar estas protestas, alegando que son financiadas por recursos del narcotráfico. A pesar de haber manejado la crisis reciente sin recurrir a la represión masiva, el desafío persiste. Aunque han alcanzado un respiro ante la presión del descontento social, Morales sigue en libertad, apoyado por una red de lealtades que aún desafían la autoridad del Estado.
En resumen, la promesa de Paz de recuperar el Chapare plantea interrogantes sobre la realidad del control gubernamental en ese territorio, donde perduran vínculos fuertes con el legado de Morales. Sin una intervención decidida ni un calendario claro para futuras acciones, la situación no solo siguirá definiendo el rumbo político de Bolivia, sino que también será crucial para la estabilidad social del país. Las lecciones de esta crisis están aún por escribirse, y la atención se centra en cómo ambos líderes, Paz y Morales, maniobran en este complejo entramado social y político.
Actualización: Los datos reflejan la situación actual hasta el 24 de junio de 2026.
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