En una intervención de apenas 10 minutos, el expresidente del Parlament, Roger Torrent, ha admitido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que los servicios de la Cámara le comunicaron sus “dudas” sobre si las resoluciones tramitadas en 2019 contravenían al Tribunal Constitucional (TC), pero no le pidieron paralizarlas. El actual consejero de Empresa del Gobierno catalán está siendo juzgado, junto con tres exmiembros de la Mesa del Parlament, por presunta desobediencia al TC al haber tramitado dos resoluciones como respuesta a la sentencia del procés: una a favor de la autodeterminación y otra en reprobación de la monarquía.
Torrent ha argumentado que su actuación no desobedecía al Constitucional porque el Alto tribunal “no puede prohibir un debate parlamentario entendido como expresión del interés público” y las resoluciones tenían un carácter de “expresión política” sobre las que la Mesa no podía “ejercer censura”. Tanto Torrent como los otros dos acusados que testificaban este viernes, Adriana Delgado y Eusebi Campdepadrós, solo han respondido a las preguntas de sus abogados defensores, alegando inviolabilidad parlamentaria.
Josep Costa, exvicepresidente del Parlament, no ha declarado este viernes, última sesión del juicio. Abandonó la sala del TSJC ayer argumentando que era “un simulacro”, después de que el tribunal rechazase su petición de suspender la vista por la elección del tribunal. Costa ha defendido esta mañana su actuación: “No he hecho nada ilegal, sería muy extraño que tuviera ninguna consecuencia que no fuera que se escuchen mis razones”. Asegura que su objetivo es ganar el caso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. La Sala Civil y Penal del TSJC que tenía previsto juzgarle le ha enviado un escrito permitiéndole comparecer este viernes “para hacer uso de su derecho de defensa”, pero no se ha presentado.
La Fiscalía mantiene las penas solicitadas para los acusados: 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa. En el caso de Adriana Delgado es una pena menor porque solo participó en la tramitación de una de las resoluciones (16 meses y 24.000 euros de multa).
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