Rosado suave: mujeres y el cuidado.

En México, más de 27 millones de mujeres no pueden acceder al mercado laboral remunerado debido a la falta de un Sistema Nacional de Cuidados. A pesar de que el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados representa un 24% del PIB, el país enfrenta una desaceleración económica que afecta la recaudación tributaria, la generación de empleos formales y la inversión privada.

La desigualdad estructural se manifiesta en una distribución asimétrica del trabajo, donde las mujeres, cargadas con tareas no reconocidas y no remuneradas, están siendo subutilizadas. Esto no solo limita sus oportunidades económicas, sino que crea un entorno que acerca a México a una especie de distopía económica.

En este contexto, las pequeñas y medianas empresas (Pymes) han encontrado una salida práctica: ofrecer flexibilidad de horarios y presencia exigida para llevar a cabo el trabajo reproductivo y de cuidados. Sin embargo, esta solución es insuficiente y no aborda la raíz del problema.

Para transformar esta situación, se requiere una inversión coordinada entre el sector público y el sector privado. En el país, se están desarrollando centros comerciales, parques industriales y corredores turísticos, pero estos proyectos deberían integrar soluciones que fomenten el trabajo de cuidados. Desde 2010, en la Ciudad de México, se exigen ciertos elementos de impacto ambiental y urbano a desarrolladores de proyectos de alto impacto. No obstante, es fundamental expandir esta normatividad a nivel nacional, obligando a la creación de centros de cuidado para todas las poblaciones y a garantizar que sean gestionados por personal capacitado.

Un aspecto notable es que muchos proyectos se financian a través de vehículos financieros como FIBRAs, CKDs y CERPIs, que deben reportar criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) desde este año. Sería ideal que estos marcos de sostenibilidad incluyan indicadores de género relacionados con la creación de centros de cuidado formales en proyectos de alto impacto.

Las Siefores, que manejan un portafolio que representa el 24% del PIB, están en una posición privilegiada para invertir con criterios ASG. Podrían destinar hasta un 12.5% a FIBRAs y un 30% a CKDs y CERPIs, contribuyendo a un modelo donde inversionistas institucionales financien la infraestructura de cuidados, lo cual permitiría aumentar la inserción laboral femenina. Esto acuñaría un círculo virtuoso: mayor empleo remunerado, incremento en la recaudación fiscal, más aportaciones voluntarias y menos presión sobre el gasto público en pensiones.

Además, iniciativas como campañas de concientización sobre el uso de centros de cuidados, políticas específicas y la emisión de bonos de género por parte de desarrolladores inmobiliarios podrían incentivar al mercado financiero a financiar proyectos con impacto social. El interés por activos sostenibles en el mercado es creciente, pero la oferta actual sigue siendo limitada.

La narrativa en torno a los roles de género y los estereotipos culturalmente arraigados ha perpetuado la falta de autonomía económica de las mujeres y alimentado la violencia sistemática. El momento para el cambio ha llegado. Es esencial promover inversiones en un sistema integral de cuidados y abogar por la equidad en el trabajo, dando así un paso significativo hacia una economía más inclusiva y justa.

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