El conflicto entre el empresario Ricardo Salinas Pliego y el gobierno de Claudia Sheinbaum ha trascendido fronteras, captando la atención internacional. Este martes, en un movimiento sorpresivo, Salinas Pliego ha presentado una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alegando ser víctima de “persecución política” desde que el gobierno intensificó sus esfuerzos para cobrar deudas fiscales pendientes. Estas deudas, algunas de ellas datan de 2007, suman un total de 51,000 millones de pesos.
Tras haberse agotado todas las instancias legales nacionales, incluyendo varios juicios en la Suprema Corte, el empresario había anticipado su posible elevación del caso a instancias internacionales. Este anuncio llega poco después de que la Secretaría de Hacienda estableciera el monto exacto que Salinas Pliego debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que marca una fase crítica en este prolongado conflicto que se ha extendido a lo largo de 15 años.
En su solicitud a la CIDH, Salinas Pliego detalla diversas formas de hostigamiento que, según él, limitan su libertad de expresión y participación en el debate público. El comunicado del Grupo Salinas subraya lo que consideran un uso abusivo del aparato fiscal y judicial, incluyendo auditorías excesivas y un daño a su reputación a través de la cobertura mediática. También señalan la reciente reforma judicial, que reestructuró la judicatura a través de un voto popular, como un indicativo de la “captura del Poder Judicial”.
El contexto se torna más tenso con la inminente exigencia de Hacienda para que el empresario realice el pago en enero. Aunque se ha mencionado que podría haber un ajuste del monto en caso de un pago voluntario, Salinas Pliego parece decidido a no optar por esta vía, apostando en su lugar por una estrategia legal que incluye su reciente apelación a la CIDH. A medida que se desenvuelven estos acontecimientos, la situación del magnate se convierte en un tema candente, no solo por la magnitud de la deuda, sino por las implicaciones que podría tener para el entorno fiscal y judicial en México.
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