El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha notificado este jueves al exjuez Salvador Alba que dispone de un plazo de 24 horas para ingresar en prisión para cumplir su condena por por maniobrar contra su colega y actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género Victoria Rosell. El Tribunal Supremo confirmó en noviembre de 2021 la pena de seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial y quedaba pendiente la ejecución de la sentencia. El exmagistrado ha retrasado su ingreso en prisión alegando una dolencia renal “potencialmente mortal” que le impedía viajar en avión a la península, según recuerda el tribunal superior canario en su auto. Pero el TSJC no cree que estas dolencias resulten incompatibles con su entrada en prisión. “Los padecimientos (…) pueden ser resueltos o controlados con el tratamiento médico adecuado, no revistiendo riesgo vital en el momento actual ni condicionando limitaciones significativas en la autonomía personal del condenado”, recoge el auto judicial.
El exmagistrado tendrá que pagar una multa de 12.000 euros y una indemnización de 60.000 euros a Rosell, como responsabilidad civil, además de otros 3.000 en concepto de costas judiciales. El auto, fechado el 13 de octubre, incide en que los hechos por los que han sido condenado Alba deben considerarse “especialmente graves”, por la relevancia que tiene la labor de un juez en la vida diaria de los ciudadanos.
El alto tribunal canario ha dado por probado que Salvador Alba pactó en 2016 de forma ilegal con el empresario Miguel Ángel Ramírez para que este facilitase documentos que cuestionaban la imparcialidad de Rosell como juez. Alba accedió al Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas, después de que la propia Rosell lo abandonase tras pedir una excedencia para presentarse por Podemos a las elecciones generales de 2015. El magistrado había solicitado expresamente por escrito al Consejo General del Poder Judicial su traslado a ese juzgado, en el que la jueza instruía desde 2014 una causa por delitos fiscales contra el empresario Ramírez, entonces dueño de la empresa Seguridad Integral Canaria y presidente, todavía hoy, de la Unión Deportiva Las Palmas.
Cuando accedió a la plaza, Alba contactó con un abogado de la causa para que le facilitara contratos que vincularan a la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa, con las empresas de Ramírez. También citó al empresario, al que mantenía como investigado, para llevar a cabo una entrevista. El alto tribunal considera que el objetivo de este encuentro fue “crear y aprovechar una ocasión para introducir en la causa aquellos datos que pudieran perjudicar el crédito o el prestigio de la anterior juez de instrucción”. Es decir, según los jueces, la finalidad era perjudicar a la magistrada y dar alas a una querella contra ella que había presentado el exministro de Industria José Manuel Soria.
Ramírez le facilitó documentación y una semana después, El Mundo publicó que el empresario había prestado dinero a Carlos Sosa mientras su pareja, Victoria Rosell, lo investigaba. Esa información sirvió al ministro Soria para ampliar la querella contra la entonces diputada de Podemos, que fue admitida por el Tribunal Supremo. Lo que no sabía Alba es que el empresario había grabado la entrevista con el juez, una conversación que se convirtió en una prueba fundamental para condenar al magistrado.
La querella contra Rosell fue archivada, pero después de que tuviera que dejar, en abril de 2016, la Diputación Permanente del Congreso, en la fallida XI Legislatura. La magistrada renunció a presentarse de nuevo a las elecciones generales de junio de ese año.
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