La Asamblea Legislativa de El Salvador ha tomado una decisión controversia al aprobar una reforma que establece prisión perpetua para menores de 18 años considerados “homicidas, violadores y terroristas”. Esta medida, que forma parte de la continua “guerra” antipandillas impulsada por el presidente Nayib Bukele, se implementó durante una sesión el 17 de marzo de 2026, con una abrumadora mayoría de 58 votos de los 60 posibles en el Congreso unicameral.
La reforma incorpora la pena de prisión perpetua al catálogo excepcional para menores que infrinjan la ley penal, modificando significativamente la Ley Penal Juvenil. Se eliminó la aplicación del procedimiento especial juvenil que existía para delitos graves, mientras que se contempla la realización de “revisiones periódicas” de la pena, permitiendo la posibilidad de “libertad controlada” basándose en el nivel de rehabilitación y el riesgo que represente el individuo.
Este enfoque ha sido defendido por el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, quien enfatiza que la legislación busca ofrecer a las familias salvadoreñas una sensación de seguridad, asegurando que “ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”. Sin embargo, el panorama es complejo. Francisco Lira, diputado de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), ha señalado preocupaciones sobre la posibilidad de que personas inocentes, sin vínculos con pandillas, sean injustamente afectadas por esta legislación.
La reforma también introduce cambios al Código Penal, otorgando a los juzgados de lo Criminal competencia exclusiva en los juicios de adultos y menores que enfrenten delitos punibles con prisión perpetua. Además, se establece un proceso de revisión obligatoria para la pena perpetua, la cual se efectuará cuando los menores cumplan 25 años de prisión y, para adultos, entre 30 y 40 años.
Históricamente, la legislación salvadoreña establecía una condena máxima de 60 años, con mecanismos para reducir sentencias a través de buena conducta o trabajos comunitarios. La reciente aprobación de esta reforma marca un giro drástico en las penas aplicadas, reflejando el enfoque más severo del gobierno de Bukele contra el crimen.
Asimismo, en la misma jornada, el parlamento extendió por 30 días el régimen de excepción que permite la detención sin orden judicial, una medida que ha estado en vigor durante cuatro años. Desde su implementación, se han reportado alrededor de 91,650 detenciones de supuestos pandilleros, aunque organizaciones de derechos humanos han denunciado que muchos inocentes permanecen tras las rejas.
Con estas nuevas medidas, El Salvador continúa enfrentándose a desafíos complejos en su lucha contra la criminalidad, mientras busca un delicado equilibrio entre la justicia y la protección de los derechos humanos.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
