El panorama del crimen organizado en México se complica aún más tras las recientes sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE. UU. a José Antonio Yépez Ortiz, conocido como “El Marro”, líder del Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL). Esta decisión, explicada en un comunicado del 17 de diciembre de 2025, subraya no solo sus actividades delictivas, como el robo de combustibles a gran escala en Guanajuato, sino también la notable incapacidad del Estado mexicano para controlar sus cárceles.
A pesar de estar detenido desde agosto de 2020, El Marro ha mantenido su influencia en el CSRL incluso tras ser trasladado a la prisión federal de Durango. El documento estadounidense hace hincapié en que continúa enviando instrucciones a sus subordinados a través de abogados y familiares, lo que pone de manifiesto las deficiencias en el sistema penitenciario mexicano. Este fenómeno no es aislado; la creencia de que las prisiones funcionan más como “universidades del crimen” que como centros de rehabilitación es cada vez más aceptada tanto dentro como fuera de México.
El control de las cárceles no solo afecta la estabilidad de grupos criminales; también tiene repercusiones en la lucha entre carteles. Desde la prisión, El Marro ha logrado formar alianzas, incluso con el Cartel del Golfo, para desafiar al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que ha ido creciendo en poder en la región. Esta guerra por las rutas de gasolina se ha intensificado en los últimos años, siendo Guanajuato un escenario clave de este conflicto.
Luego de la detención de El Marro, muchos anticiparon la caída del CSRL y una disminución de la violencia en Guanajuato. Sin embargo, el regreso a la libertad de su hijo, Luis Antonio Yépez, en agosto de 2024, así como la renovación de alianzas, han cambiado el rumbo de estos eventos. Las tasas de criminalidad en la región continúan siendo alarmantes, y los intentos del gobierno por mostrar éxito en su estrategia de seguridad se ven empañados por casos como el de El Marro.
Desde la llegada al poder de Claudia Sheinbaum y su equipo de seguridad en octubre de 2024, se han contabilizado cerca de 40,000 detenciones, una cifra que se actualiza regularmente en conferencias de prensa para reflejar el protocolo del gobierno. Sin embargo, la historia de El Marro ilustra que encarcelar a líderes criminales no ha sido una solución efectiva para frenar la actividad delictiva ni para reducir la violencia en el país.
La discusión sobre la capacidad del Estado para manejar la criminalidad sigue sobre la mesa. Recientes traslados de figuras del crimen organizado a EE. UU., como el de Abigael González Valencia, alias “Cuini”, evidencian que el control del crimen se extiende incluso más allá de las paredes de las prisiones. Estos movimientos, lejos de ser simples, apoyan la teoría de que el liderazgo criminal puede persistir a pesar de las rejas.
Este punto se reafirma con la situación de los hermanos Treviño Morales, líderes de Los Zetas, que hasta principios de 2025 continuaban ejerciendo influencia a pesar de estar encarcelados. Sin embargo, recientes estadísticas indican un aumento en la percepción de seguridad en Nuevo Laredo, donde se detectó un incremento del 7% en la sensación de seguridad comparado con el año anterior.
La vida delictiva en México es un fenómeno complejo que va más allá de simples medidas de seguridad. Las dinámicas dentro de las prisiones, la corrupción endémica y la lucha por el control territorial son elementos que perpetúan un ciclo de violencia y crimen que, a menudo, parece desafiar las estrategias adoptadas por las autoridades. La historia de El Marro y su resiliencia desde la prisión es un claro recordatorio de la necesidad urgente de reformar el sistema penitenciario y de abordar las raíces del crimen organizado en el país.
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