La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha reiterado que no tiene la autoridad para multar a los negocios por cuestiones relacionadas con la sanidad, higiene o manejo de alimentos. Esta aclaración surge tras la difusión reciente de información que mencionaba sanciones millonarias por la venta de tortillas en hieleras, lo que generó confusión en la opinión pública.
El organismo federal indicó que los temas de sanidad son competencia de las autoridades sanitarias, por lo que no puede sancionar directamente a los establecimientos por la forma en que almacenan o transportan alimentos como las tortillas. Esta aclaración fue necesaria después de que un funcionario de la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) en Tamaulipas mencionara posibles multas de hasta 4 millones de pesos por estas prácticas.
En su comunicado, Profeco subrayó que en ningún estado del país tiene la facultad de imponer sanciones por razones sanitarias o de manejo de alimentos, ya que estas acciones no son parte de sus atribuciones. La dependencia se enfoca principalmente en promover relaciones de consumo justas y transparentes, orientando tanto a consumidores como a proveedores sobre sus derechos y obligaciones.
Es importante destacar que, aunque Profeco no puede sancionar por higiene o manejo de alimentos, sí realiza verificaciones en tortillerías relacionadas con los derechos del consumidor. Entre estas verificaciones se incluye el monitoreo de precios de la tortilla a través del programa “¿Quién es quién en los Precios?”, asegurando que los precios sean visibles para el público y que las básculas estén calibradas para garantizar la venta de kilos completos. Además, pueden revisar aspectos comerciales establecidos en la Norma Oficial Mexicana que regula productos derivados de la masa y tortilla.
Las cuestiones de higiene y sanidad, por su parte, son responsabilidad de las autoridades de salud, tanto federales como estatales. Cualquier irregularidad en el manejo o conservación de tortillas, como su transporte en recipientes inadecuados, debe ser evaluada por estas instancias y no por Profeco.
En este contexto, la Procuraduría hace un llamado a evitar confusiones y reitera que su función principal es proteger los derechos de los consumidores en áreas relacionadas con precios, información y prácticas comerciales, no supervisar las condiciones de salubridad. Esta distinción es clave para entender el marco regulatorio que rige la venta y manejo de alimentos en el país y la responsabilidad que tienen diferentes órganos en la protección del consumidor.
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