Sara Millerey González Borja tenía 32 años y fue encontrada brutalmente agredida en una quebrada de Bello, al norte de Medellín. Su asesinato, cometido el pasado 4 de abril, ha sacudido a Colombia por la saña del ataque y por la violencia estructural que representa. Sara, una mujer trans que formaba parte activa de su comunidad, fue golpeada salvajemente, arrojada al agua y abandonada a su suerte. Según el reporte de las autoridades, sobrevivió cerca de dos horas en agonía antes de ser rescatada por bomberos y la policía tras alertas de vecinos. Pese a los esfuerzos médicos en un hospital cercano, no logró sobrevivir.
El crimen fue registrado en un video de origen desconocido que se viralizó en redes sociales, aunque su autenticidad aún no ha sido confirmada de forma independiente. Aun así, el impacto fue inmediato: la escena de violencia desató indignación, repudio y dolor.
La alcaldesa de Bello, Lorena González Ospina, no dudó en señalar el transfondo de odio detrás del ataque. “Fue víctima de un acto atroz y cargado de odio. A Sara la violentaron, le quebraron los brazos y las piernas y la arrojaron al río, y duele profundamente pensar que ocurrió ante la indiferencia de muchos. No podemos permitir que la transfobia siga cobrando vidas en silencio”, declaró con firmeza.
La Fiscalía General de la Nación, junto con el Grupo Nacional de Trabajo para la Investigación de Violencias Fundadas en la Orientación Sexual y/o Identidad de Género, tomó el caso en sus manos. Hasta ahora, no hay capturas. No obstante, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 50 millones de pesos (aproximadamente 11.600 dólares) por información que conduzca a los responsables.
Desde la Secretaría de Seguridad de Bello, Rolando Serrano apuntó a la posible participación de bandas delincuenciales en el asesinato. Afirmó que Sara era una persona conocida y apreciada en su comunidad, y que no se habían registrado amenazas previas en su contra.
Pero más allá de lo policial, la muerte de Sara Millerey encendió alarmas a nivel nacional. Organizaciones sociales, colectivos LGBTIQ+ y autoridades se unieron en una condena abierta a la transfobia. La declaración más contundente vino desde la Presidencia: Gustavo Petro denunció el crimen como una muestra del avance del fascismo y afirmó que “esto que pasó se llama fascismo”, en referencia a lo que consideró una expresión de odio organizada y peligrosa.
La muerte de Sara no es un hecho aislado. Se suma a una lista dolorosa de personas trans violentadas y asesinadas en Colombia y en América Latina. Su caso se ha convertido en un símbolo de la urgencia por proteger las vidas trans, visibilizar los discursos de odio y desmontar los sistemas de violencia que permiten que estas tragedias sigan ocurriendo.
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