Sarah Palin sentará esta semana a The New York Times en la corte

Una demanda por difamación presentada en 2017 por la republicana Sarah Palin sentará esta semana a The New York Times en el banquillo. La causa, desestimada en su día y recurrida por la exgobernadora de Alaska, apenas si resultaría noticiosa entre el alud de actuaciones judiciales que se registran cada año en EE UU: unos 40 millones de casos. Pero el proceso que enfrenta a la que fuera candidata en 2008 a la vicepresidencia y el diario es algo más: el ariete con que la derecha más recalcitrante pretende horadar el bastión de garantías constitucionales de la Primera Enmienda, que consagra, entre otras, la libertad de expresión.

Desde que Donald Trump amenazara en 2016, durante la campaña electoral, con arremeter contra los periodistas y los medios incómodos, las salvaguardas que ofrece la Primera Enmienda se han convertido en diana para la facción más ultra de su partido, en la que se sitúa Palin. La vista ha debido retrasarse una semana a causa del segundo contagio por covid de la antigua estrella del Tea Party, negacionista y antivacunas militante.

Todo empezó con un editorial publicado en junio de 2017

En el que el diario vinculaba un tiroteo de 2011 en Tucson (Arizona), en el que murieron seis personas y la congresista demócrata Gabby Giffords resultó herida muy grave, con la retórica incendiaria de Palin. El Times reprodujo un mapa distribuido por el equipo de campaña de la republicana en el que aparecían varios distritos electorales, incluido el de Giffords, marcados con un punto de mira. El rotativo reconoció su error y publicó una corrección dos días después, pero a Palin la fe de errores no le bastó. Alegando “mala fe” —una figura clave en el caso—, la conservadora elevó la causa inicialmente rechazada a un tribunal federal de apelaciones, que la ha derivado a uno de Nueva York. La exgobernadora solicita 420.000 dólares por el menoscabo de reputación que a su juicio provocó el artículo.

El delito de difamación

Es hoy una patata caliente no solo para los medios y los políticos, sino también en determinados ámbitos de la judicatura. Dos jueces del Tribunal Supremo, Clarence Thomas y Neil M. Gorsuch —ambos conservadores—, se han pronunciado sobre la necesidad de actualizar una casuística que data de décadas. El último escribió el verano pasado que el modelo está obsoleto y se ha convertido en una patente de corso “para la publicación de falsedades”.

Gorsuch se refería concretamente a uno de esos casos célebres, con nombre y apellidos, que jalonan la jurisprudencia americana: el caso Sullivan contra el New York Times, que en 1964 resolvió que una demanda por difamación debe probar mala fe o manifiesto desdén por la verdad, y que desde entonces protege a los periodistas y los medios de cualquier reclamación por parte de una figura pública. Gracias a este precedente, por áspera, desagradable o incómoda que resulte una información —o una opinión—, los personajes públicos deben aguantar el envite salvo que les conste mala fe en los actores.

Medio siglo después

La efervescencia de las redes sociales, que replican contenido muchas veces añejo, y en ocasiones sujeto a litigios, y la profunda polarización ideológica del país han puesto contra las cuerdas el precedente del caso Sullivan; de ahí que muchos expertos vean el juicio como una posible vía de agua en la sacrosanta libertad de prensa. La incredulidad se adueña incluso de quienes creen que Palin fracasará en su intento. El abogado Theodore Boutrous, especialista en la Primera Enmienda, sostiene que, “según las decisiones de larga data del Supremo, Palin debería perder esta demanda. Si vence, [el fallo] tendría terribles consecuencias, al indicar a figuras públicas poderosas que ahora pueden demandar a los periodistas para tratar de asustarlos y evitar que publiquen comentarios e historias importantes sobre temas de interés público. Pero creo que perderá”.

El Times

No ha perdido una sola demanda por libelo en 50 años en territorio estadounidense, acude al juicio para defenderse, pero también para defender la ley. “En este juicio buscamos reiterar un principio fundamental del derecho estadounidense: no se debe permitir que las figuras públicas utilicen demandas por difamación para penalizar errores no intencionales de los medios de comunicación. Publicamos un editorial sobre un tema importante que contenía una inexactitud. Lo aclaramos con una fe de errores. Estamos profundamente comprometidos con la imparcialidad y la precisión en nuestro periodismo, y cuando nos equivocamos, corregimos nuestros errores públicamente, como hicimos en este caso”, explica un portavoz del diario.

La protección que la Primera Enmienda otorga a periodistas y medios estadounidenses es la envidia de colegas en otros países, pero tal vez por ese blindaje casi omnímodo se ha convertido en una amenaza, o un oprobio, para el pantano de hechos alternativos y noticias falsas en que chapotea buena parte de los republicanos. “Palin no debería ganar, ya que no hay evidencia real de que los periodistas del Times tuvieran serias dudas sobre la veracidad de lo que publicaron, y ese es el estándar que debe cumplirse para ganar el juicio. Si el jurado falla a su favor, creo que no habrá seguido las instrucciones del juez, sino decidido en función de sus propios sentimientos sobre cómo debería ser la ley, no lo que dijo el Supremo”, considera Georges Freeman, director ejecutivo de Media Law Resource Center y antes abogado del diario.

El juicio sacará a la luz hechos sobre lo ocurrido en junio de 2017

En el equipo de opinión, independiente de la redacción. El amparo que proporciona la Primera Enmienda se revela crucial no solo para medios de referencia como el encausado, también para los pequeños y los colaboradores, desprotegidos en comparación con las grandes cabeceras. Ese es otro motivo de preocupación para periodistas y constitucionalistas: que un fallo adverso abra una fisura que podría ir a más, en función de los aires políticos del país.