España y Marruecos han acordado la devolución colectiva de los más de 700 menores marroquíes. Que permanecen en centros de Ceuta tras su entrada masiva la semana del 17 de mayo. La negociación queda acreditada en documentos que ha adelantado la Cadena Ser y cuyo tenor ha confirmado en el país. En ellos se plasman las gestiones del Ministerio del Interior con la Vicepresidencia del Gobierno de Ceuta. Para coordinar con las autoridades marroquíes “el dispositivo de retorno” de los menores no acompañados. Interior, consultado, ni confirma ni desmiente, pero diversas organizaciones en el terreno han afirmado que los primeros menores ya han cruzado la frontera.
Mas información
En uno de esos documentos Interior mantiene que el Reino de Marruecos. Se compromete a velar por los intereses de los menores y, por los detalles que aporta. Se desprende que los niños serán acogidos en el centro de menores de Martil, cercano a Tetuán. Interior garantiza que Marruecos protegerá los derechos de los menores hasta reunirlos con sus padres y, en el caso, de que este escenario no sea posible será L’Entraide Nationale [institución pública autónoma encargada de la asistencia social] quien se hará cargo de ellos.
En otro de esos documentos se hace referencia a una reunión que tuvo lugar este miércoles en la que participaron miembros del Gobierno de Ceuta y la Policía Nacional junto a representantes de la prefectura de Tetuán y de L’Entraide Nationale. Perteneciente al ministerio marroquí de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo social. Interior apenas ha recordado unas recientes declaraciones de la delegada de Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos: “El Gobierno está trabajando para que todos los menores marroquíes que entraron a Ceuta en mayo vuelvan con sus familias, que es como mejor están”.
En la entrada masiva de más de 10.000 personas en mayo, ante la pasividad de las autoridades marroquíes. Las autoridades calcularon que podría haber entre 2.000 y 3.000 menores. Muchos de ellos fueron devueltos en caliente, otros retornaron voluntariamente y el resto, cerca del millar, acabaron alojados en naves, pabellones y campamentos provisionales en condiciones precarias. Otro número indeterminado de niños, que podría rozar los dos centenares, malvivía en las calles. Actualmente estaba acogidos unos 740 menores —no hay constancia de qué fue del resto hasta completar el millar— y la inmensa mayoría había manifestado no querer volver a su país. Los centenares de padres que en un principio se interesaron por la reagrupación acabaron apostando por que sus hijos permaneciesen en Europa.
Mas información
La devolución de menores extranjeros no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos. Pero desde su última revisión en 2012, no se había activado. Por un lado, la legislación nacional es muy garantista y protege el interés y la voluntad del menor y, por el otro, Rabat no colaboraba. En el caso de los menores de Ceuta, de hecho, se había intentado reagrupar a un puñado de niños que querían reunirse con sus padres. Pero las autoridades marroquíes lo habían frustrado al impedir que los progenitores se acercasen a la frontera. Los gestos de distensión con Marruecos han permitido ahora abordar una de las cuestiones prioritarias derivadas de la crisis de mayo.
El acuerdo con Marruecos, que Interior se resiste a confirmar, ya tiene su reflejo en los centros de acogida de Ceuta. Varias asociaciones que trabajan proporcionando asistencia legal a menores no acompañados y jóvenes migrantes en Ceuta, como Maakum, Save the Children y No Name Kitchen, han confirmado a Columna Digital que los primeros grupos de menores ya han cruzado la frontera. La Policía Local de Ceuta y la Policía Nacional han irrumpido sobre la 13.00 en el Pabellón de Santa Amelia, un recurso de acogida habilitado por la ciudad autónoma para alojar a algo más de 200 niños de los que entraron a la ciudad el pasado mayo junto a más de 10.000 personas procedentes de Marruecos.
Los agentes han comenzado a subir en un autobús a los menores en grupos pequeños, de 10 o 15 niños, por cada viaje. “Al principio no querían decir nada. Después nos han aceptado que se estaban llevando a los menores a la frontera para devolverlos. Decían que su país los está reclamando y que allí van a estar mejor”, explica en condición de anonimato una trabajadora social de Samu. La empresa encargada de gestionar los recursos de acogida habilitados, que estaba presente en el momento.
Mas información
La cuestión que se levanta ahora es si un retorno colectivo como el que se plantea respeta la legislación y los convenios internacionales de los que España es signataria. Por un lado, entre los requisitos del acuerdo bilateral con Marruecos para ejecutar las repatriaciones se exigen cuestiones como que el centro de acogida al que sean derivados cuente con recursos materiales y humanos suficientes o la creación de un comité de seguimiento.
En teoría tampoco pueden ser devueltos sin que se les realice una evaluación del interés superior menor. Una tarea en manos de Save the Children, que ya había entrevistado a más de la mitad de los menores acogidos. Y segura que uno de cada cuatro ha llegado a España huyendo de situaciones de violencia, explotación laboral, sexual o maltrato.
Andrés Conde, director general de Save the Children, lo sintetiza: “Muchos de estos niños van a ser devueltos a una situación de riesgo para su seguridad. Exigimos la suspensión de esta repatriación porque incumple la legislación española en vigor, en concreto tres leyes: la de protección jurídica del menor de 2015; el reglamento de extranjería y la convención de derechos del niño”. Conde denuncia además que la policía ha acordonado la zona y no les permite acceder a las instalaciones.
Mas información
La ONG ya ha elevado una queja al Defensor del Pueblo. En los próximos días, además, presentará un documento solicitando la suspensión de estas repatriaciones ante el juzgado de instrucción, acompañado por otras organizaciones. Carmen Molina, directora de sensibilización y políticas de infancia en UNICEF, mantiene: “La legislación es clarísima al respecto. Nos parece increíble que esto esté pasando, cuando nos consta que se están realizando las evaluaciones del interés general del menor, y que no están terminadas. Queremos saber cuál es el amparo legal que les permite hacer esto”.
Un portavoz del ministerio de Derechos Sociales, uno de los departamentos que ha acompañado de cerca la situación de los menores. Ha dicho este viernes que lleva meses “poniéndose a disposición del Ministerio del Interior para trabajar un protocolo de reagrupación familiar” de niños que migran solos que cumpla con la normativa nacional e internacional y no ha obtenido respuesta. En el ministerio se reitera “una vez más” que cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un protocolo que incluya entrevistas individualizadas a los niños. Así como el conocimiento pormenorizado por parte de la fiscalía del procedimiento.
