En un análisis reciente del Informe de Finanzas Públicas (IFP) de Chile correspondiente al cuarto trimestre de 2025, los expertos han señalado un panorama fiscal más grave de lo anticipado. Publicado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), este informe reveló que el déficit fiscal efectivo alcanzó un alarmante 2.8% del Producto Interno Bruto (PIB), superando el 2.2% pronosticado en informes anteriores. Más preocupante aún, el déficit fiscal estructural escaló hasta un 3.6%, marcando su nivel más alto desde que comenzó la recuperación post-pandemia.
Antonio Moncado, economista senior de Bci Estudios, comentó que este informe refleja un deterioro fiscal considerable en comparación con las proyecciones anteriores. Esto es respaldado por Marcela Calisto, economista de BICE Inversiones, quien enfatizó que el problema va más allá del ciclo económico: la estimación de ingresos ha estado significativamente errada. La Dipres subraya que la recaudación tributaria no minera ha sido extraordinariamente baja, en conjunción con ajustes relevantes relacionados con la fluctuación del cobre.
Calisto también destacó que el gasto del gobierno ha mostrado un ajuste insuficiente ante los niveles reales de ingresos, lo que complica el cumplimiento de la normativa fiscal vigente. En un análisis similar, Juanita Claro de Econsult señaló que el IFP evidencia una trayectoria de irresponsabilidad financiera en años recientes, donde se ha consolidado un gasto permanente que supera con creces los ingresos estructurales, financiando así desequilibrios a través del uso de ahorros fiscales.
Nicolás García, economista senior de Coopeuch, se sumó a esta crítica, afirmando que el incumplimiento de las metas fiscales para 2025 no es sorprendente, aunque la magnitud del desvío es mayor a lo esperado. Pese a que la dinámica fiscal ha seguido un patrón similar en los últimos tres años, esta situación socava la credibilidad de la política fiscal en el país.
A medida que Chile navega este complejo contexto fiscal, los analistas advierten sobre la necesidad urgente de reformas que puedan restaurar la estabilidad y confianza en la gestión económica. La atención ahora se dirige a cómo el gobierno abordará estos desafíos mientras intenta equilibrar sus cuentas y promover un crecimiento sostenible en el futuro.
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