En lo que denominarán “ejercicio participativo”, el gobierno federal realizará una consulta vía electrónica, este próximo 22 de enero de 2023 para conocer su desean los mexicanos que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 2028 y si la Guardia Nacional debe formar parte de la Sedena, informó el titular de la Segob, Adán Augusto López.
El mecanismo de participación social se encuentra previsto en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública federal y será organizado por Gobernación y un comité ciudadano honorífico, sin que su resultado sea vinculante.
Serán tres preguntas: la primera: ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta hora? Sí o no; la segunda: ¿Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberían mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024?”, describió.
La tercera pregunta consistirá en saber si los ciudadanos están de acuerdo en que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, dependa de la Secretaría de Gobernación o bien, regrese a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La manera de participar podrá ser vía electrónica a partir del portal que para este propósito implemente la Segob o bien, en los módulos de recepción de la opinión popular que se instalen en cada una de las 68 mil 989 secciones electorales existentes en el país.
También se abrirá la opción para quienes quieran opinar desde el extranjero.
El 4 de octubre serán convocados gobernadores, gobernadoras y a la jefa de Gobierno a una reunión en la que se les invitará a que coadyuven en la elaboración del proceso y se les presentará al Comité Ciudadano; posteriormente, el día 6 de octubre haremos lo mismo y la jornada de difusión, de promoción, de debate, dará inicio el 10 de octubre en la posibilidad de que en las plazas públicas se pueda difundir e invitar a la ciudadanía a que participe en este ejercicio democrático”.
La difusión de la consulta terminará el 16 de enero de 2023 y los resultados del ejercicio participativo se darán a conocer el 23 de enero.
EXPERTOS VEN FRAUDE A LA CONSTITUCIÓN
La consulta que el gobierno federal pretende que organice la Secretaría de Gobernación para preguntar a la ciudadanía sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es una simulación legal y, con ella, se invaden facultades del INE, el único que, por ley, puede realizar este tipo de ejercicios, consideraron especialistas en el tema.
Lo que el gobierno quiere hacer es su consulta, sin el INE, para sus propios fines propagandísticos y se están colgando de una figura política que no tiene nada que ver con una consulta, algo que llaman ‘participación social’; es un engaño jurídico, una simulación y, por lo tanto, en los hechos, esta consulta es un fraude a la Constitución”, consideró Luis Carlos Ugalde, expresidente del extinto IFE.
Detalló que la única base jurídica para llevar a cabo este tipo de mecanismos es la Ley de la Consulta Popular, la cual establece que las organizará el INE, una vez al año, en el mes de agosto.
Para poder detener esta simulación legal, el INE podría presentar una controversia constitucional, porque es el único facultado en el Estado mexicano para llevar a cabo consultas a la gente”, explicó.
Por su parte, Arturo Espinosa, abogado constitucionalista y electoral, resaltó que aunque la ley faculte a la Secretaría de Gobernación para promover la participación en procesos democráticos o ciudadanos, ello no significa que pueda organizar consultas.
La organización requiere de ciertas garantías, que haya una cierta imparcialidad, autonomía, que se garantice la universalidad de la participación… hay varios requisitos que son necesarios para considerarlo un ejercicio democrático”, aseveró.
Consultado sobre los temas que, de acuerdo con la Constitución, no pueden ser abordados en una consulta popular, entre ellos la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente, Espinosa consideró que debe ser la Suprema Corte de Justicia la que determine si se le puede preguntar a la ciudadanía sobre la permanencia del Ejército en las calles.
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