El asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, el 7 de julio, dista mucho de ser la única muerte en el país que debe importar en este momento. En Haití ya nadie le dice a otra persona que tenga cuidado porque la catastrófica inseguridad ha transformado el hecho de salir de casa en una ruleta rusa.
Solo una semana antes del asesinato del presidente Moïse, una defensora de los derechos humanos y un periodista fueron asesinados junto con al menos otras 17 personas. Cientos habían perdido la vida antes de estos hechos, y más de 1,5 millones están directamente afectadas por la crisis actual, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH).
Aunque el asesinato profundiza las preocupaciones de seguridad y la inestabilidad, lo cierto es que el Gobierno de Haití había fracasado ya en sus funciones esenciales. Sin una vía constitucional clara para gestionar el vacío institucional anterior a la muerte de Moïse, es la población de Haití la que debe decidir el camino a seguir.
Más información
El Parlamento de Haití no está funcionando desde enero de 2020. Aunque Claude Joseph parece mantener las riendas del poder, no hay un primer ministro claro. Moïse había designado al neurocirujano Ariel Henry para sustituir el 5 de julio a Joseph, quien reconoció su destitución, pero Henry aún no había tomado posesión de su cargo formalmente.
El Tribunal Supremo de Haití también ha dejado de existir en la práctica. Solo le quedan seis jueces tras el reciente fallecimiento de su presidente, la existencia de dos vacantes prolongadas y la destitución ilícita de tres jueces por parte del presidente Moïse en febrero. Ese número es insuficiente para juzgar ciertas causas, entre ellas las que implican cuestiones de constitucionalidad.
El 3 de julio, el Consejo Superior del Poder Judicial, —entidad gubernamental responsable de velar por la integridad e independencia judiciales— también dejó de funcionar. Sin una presidencia que pueda garantizar el funcionamiento de los tres poderes del Estado, y ante el colapso resultante también, los procedimientos constitucionales para sustituir al presidente asesinado no pueden ejecutarse.
