Se invertirán 21,000 millones en 2027

El Instituto Nacional Electoral (INE) está impulsando una estrategia decisiva ante el Congreso para postergar la próxima elección judicial, programada inicialmente para el 1 de junio de 2028. Esta propuesta, que busca ser el foco de discusión en el legislativo, se fundamenta en argumentos sólidos que advierten sobre riesgos operativos, aumento del abstencionismo y costos elevados.

En una reunión reciente en la Cámara de Diputados, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, presentó ante el diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, un análisis detallado que resalta las ventajas económicas del aplazamiento. La realización de estos comicios en 2027 podría costar alrededor de 21,000 millones de pesos, cifra que no incluiría ningún ahorro. Este costo se ha calculado tomando como referencia el proceso electoral más reciente, ajustado por la inflación.

Taddei Zavala subrayó que un cambio de fecha podría significar un ahorro de hasta 2,000 millones de pesos. Destacó también que la complejidad logística de realizar elecciones para el Poder Judicial junto a las elecciones ordinarias podría afectar la participación ciudadana. La normativa actual, al requerir que los votantes se trasladen a casillas diferentes para cada tipo de votación, podría resultar confusa y desincentivar la asistencia a las urnas.

Según el análisis del INE, llevar a cabo las elecciones judiciales en la fecha prevista podría requerir la impresión de aproximadamente 985 millones de boletas y la instalación de 354,000 casillas. Además, se necesitarían cerca de 100,000 personas capacitadas para supervisar el proceso electoral, lo que evidenciaría una carga significativa para el sistema electoral.

El consejero Martín Faz Mora alertó sobre los riesgos operativos y logísticos que acarrearía la coincidencia de ambas elecciones, lo que refuerza la apuesta del INE para posponer los comicios judiciales. Mora recalcó la importancia de tener un plan técnico sólido que respalde esta solicitud y que, a su vez, facilite un proceso electoral fluido y efectivo.

Por su parte, Monreal enfatizó la urgencia de alcanzar un consenso sobre este tema en el Congreso antes del 3 de junio, dado que se trata de una reforma constitucional que requeriría la aprobación de los estados y sus respectivos congresos. La presión del tiempo se siente en el ambiente legislativo, donde es crucial tomar decisiones que aseguren la estabilidad y efectividad del sistema electoral.

Mientras se avanza en este debate, la sociedad observa con atención cómo se desarrollan estas negociaciones, conscientes de que el futuro del Poder Judicial y la salud de la democracia en el país podrían depender de los acuerdos que se alcancen en las próximas semanas.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.