Además de los delitos de narcotráfico, Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad juzgado en Nueva York, enfrenta además en Miami una demanda civil por lavado de fondos “robados” con la que México pretende recuperar unos 700 millones de dólares.
Esa cantidad es la mencionada por el gobierno de México, pero en la demanda tan solo se dice que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares, según una escala establecida.
Por su lado, mientras el jurado se encuentra discutiendo para entregar un veredicto, el exfuncionario sigue en la mira del presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que su gobierno “no dejará” el caso.
“En el caso de García Luna está muy interesante lo que va a resolver el jurado porque en una de esas, toco madera (…) pueden salir con que no hay nada. Nosotros no vamos a dejar este asunto”, prometió el mandatario.
La demanda en Miami
El proceso legal interpuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade incluye a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, como “participante principal” de una “compleja” red que usó al menos 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.
Esta acción legal está oficialmente “inactiva” desde diciembre pasado debido a una apelación aun no resuelta y es independiente de la causa penal abierta en los tribunales federales de Nueva York contra García Luna (2006-2012) por cuatro cargos de narcotráfico y uno migratorio.
El jurado neoyorquino tiene previsto continuar sus deliberaciones este martes, después de que el viernes no consiguiera ponerse de acuerdo sobre la culpabilidad o la inocencia del exfuncionario de 54 años, que fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas).
En esta otra causa civil en Miami el exsecretario de Seguridad durante el sexenio del presidente Felipe Calderón está acusado de liderar una trama que “robó” fondos del gobierno de México por medio de “contrataciones ilícitas” y luego “blanqueó esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares”.
En concreto, mientras fue secretario de Seguridad, e incluso después de dejar el cargo, García Luna contó con “una extensa red de socios” a través de la cual obtuvo contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano “por cientos de millones de dólares”, según la demanda.
Además del matrimonio García Luna están demandados en Miami seis de esos socios como presuntos lavadores del dinero robado principalmente mediante la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
Su esposa, de acuerdo con la UIF, participó de forma “activa” en esta trama al encargarse de las operaciones diarias de la gestión de un dinero, que “sabía que le había sido robado al gobierno de México”, por medio de una serie de empresas en Estados Unidos y “para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida”, muchos de ellos ubicados en el condado de Miami-Dade.
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