Una empresa de seguridad especializada en el desalojo de viviendas okupadas tenía a una okupa en nómina. La empleaban para acometer desahucios exprés ilegales, solicitados por propietarios de inmuebles que tenían problemas de impagos con sus inquilinos o contratos de arrendamiento de renta antigua. La empresa acechaba a los arrendatarios hasta que salían de sus casas, metía a la okupa falsa, cambiaba la puerta y la cerradura y se ofrecía como mediadora ficticia entre las tres partes.
Dueño y okupa llegaban a un acuerdo instantáneo y el inquilino, legítimo morador de la vivienda, se quedaba en la calle y sin posibilidad de volver a corto plazo. La Guardia Civil de Villajoyosa (Alicante) ha detenido al dueño de la empresa y a la supuesta intrusa, que se reparten los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones, denuncia falsa, allanamiento de morada y contra la inviolabilidad del domicilio. Dos propietarios de viviendas y otro trabajador de la misma firma están siendo investigados, imputados por los mismos delitos.
La investigación comenzó en agosto de 2021
En el turístico municipio alicantino, aunque se han detectado casos en, al menos, tres ciudades españolas. Una mujer que pagaba un alquiler muy bajo, de renta antigua, se encontró al volver a su domicilio una puerta nueva, con extremas medidas de seguridad, de las que se conocen en el sector como antiokupas. Al no poder acceder, denunció los hechos y, tras las primeras pesquisas, los agentes descubrieron que entre arrendador e inquilina existía un litigio por la larga duración del contrato en vigor, según explican fuentes del Instituto Armado.
El propietario, un hombre de 69 años, declaró que había contratado a una empresa como mediadora en desalojos, pero que, al llegar al inmueble, se había encontrado a una persona en su interior distinta a la inquilina habitual. Según el relato del dueño, la okupa alegó que la moradora le había vendido las llaves y le había asegurado que el piso era propiedad de un banco. Propietario y okupa llegaron a un acuerdo inmediato y firmaron un contrato privado por el que la intrusa accedía de manera voluntaria al abandono del inmueble. La inquilina no pudo volver.
Las sospechas se dispararon
Cuando los agentes estudiaron casos similares en su base de datos. El sistema empleado para la desokupación por la empresa investigada era idéntico al de dos casos más, el de una vivienda de Orotava (Santa Cruz de Tenerife), de junio de 2021, y el de otra de Sagunto (Valencia), en una fecha que la Guardia Civil no ha detallado. En los tres casos existía algún tipo de contienda entre arrendador y arrendatario, tuvo lugar un allanamiento ilegal y los dueños llegaron a un acuerdo por escrito con la presunta okupa. Pero lo que confirmó el procedimiento ilícito de la empresa de seguridad fue que en todos los contratos firmados, el nombre de la extraña era el mismo. Y aparecía ya tecleado por ordenador incluso antes de que los trabajadores enviados por la firma como supuestos mediadores llegaran a hablar con la intrusa.
“Con la connivencia de los propietarios”, sostienen las mismas fuentes, “la empresa mediadora realizaba vigilancias de los inmuebles al objeto de aprovechar la ausencia de los inquilinos. Al no encontrarse estos en la vivienda, la empresa accedía al interior y procedía a la falsa ocupación y posterior desalojo, dejando constancia de lo sucedido mediante la firma de un supuesto acuerdo entre particulares”. Los inquilinos, legítimos moradores, no tenían manera de volver a sus domicilios, en los que quedaban encerradas todas sus pertenencias. “Si apelan a la vía legal”, indican fuentes cercanas a la investigación, “el procedimiento judicial es lento” y precisa de una buena defensa. “Si van por la vía ilegal”, es decir, “si fuerzan la cerradura o acceden por un balcón”, se convierten automáticamente “en okupas de sus propias casas” y se les puede imputar un delito de robo con fuerza.
La operación
Denominada Savita por la Guardia Civil, se saldó entre el 21 y el 23 de febrero pasado con dos detenidos y tres investigados. Primero cayó la presunta okupa, una mujer de 30 años, que fue detenida en Arroyomolinos (Madrid), bajo los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones, denuncia falsa y contra la inviolabilidad del domicilio. El mismo día, se procedió a la investigación de la dueña de la vivienda de Orotava, una mujer de 37 años, a la que se imputa un delito contra la inviolabilidad del domicilio y otro de coacciones, y al de Villajoyosa, que estos mismos cargos suma el de denuncia falsa.
El 22 de febrero la Guardia Civil abrió investigación, también en Arroyomolinos, contra un trabajador de la empresa especializada en desalojos, de 37 años, al que se le imputa el delito de pertenencia a grupo criminal, coacciones y contra la inviolabilidad del domicilio. Finalmente, el 23 de febrero, fue detenido en Barcelona el dueño de la empresa investigada, de 36 años, por los supuestos delitos de pertenencia a grupo criminal, coacciones y allanamiento de morada. Los dos detenidos permanecen en libertad con cargos tras prestar declaración en sede policial. El juzgado de Instrucción 1 de Villajoyosa se ha hecho cargo de las diligencias por los hechos investigados.
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