La oposición en la Cámara de Diputados adelantó que ya están reuniendo las 167 firmas necesarias para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional contra la llamada “Ley Zaldívar” que fue publicada este lunes por la Secretaría de Gobernación en el Diario Oficial de la Federación, aunque temen que el Ejecutivo Federal está presionando a los ministros del Máximo Tribunal para que desechen la queja.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle Martínez, en entrevista, adelantó que un grupo de legisladoras están recabando las firmas, con el apoyo de sus coordinadores parlamentarios para promover el recurso y confían en que una vez que se reincorporen todos los diputados titulares a sus curules, luego que estuvieron de licencia en el proceso electoral, podrán reunir las firmas para presentar el documento ante la SCJN.
La “Ley Zaldivar” se trata de un artículo transitorio dentro de la Reforma al Poder Judicial que fue aprobada el pasado 23 de abril por Morena y sus partidos satélite en el Congreso, con el propósito de ampliar dos años más el mandato del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldivar Lelo de la Rea y de los integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, contraviniendo el mandato constitucional que estipula que el plazo de su gestión debe ser de 5 años y, para constitucionalistas y legisladores de oposición además de ser un cambio legislativo que vulnera a la Carta Magna, advierten que abre la puerta para que otros poderes puedan cambiar su periodo de gestión, como podría ser el caso del Ejecutivo federal.
Ante esto, la diputado emecistas, expresó que desde que se aprobó esta reforma, la oposición ha estado trabajando la acción de inconstitucionalidad y ahora tienen muy avanzado el tema, “solo resta actualizar las firmas, porque las firmas deben ser de legisladores en funciones y hay varios legisladores que tenían a sus suplentes porque se fueron a buscar cargos de elección o viceversa: que se habían ido y el suplente no había entrado en funciones, por lo que se deben cambiar estas firmas”, explicó la diputada.
Asimismo, advirtió que toda la oposición junta, con los diputados sin partido, tendrían las 166 firmas necesarias para poder introducir el documento. Sin embargo, teme que desde la Presidencia de la República se esté presionando a los ministros de la Corte para que rechacen la controversia.
“Es muy preocupante que estemos en el tema de los votos de los ministros, más que en los contenidos. Hemos tenido una serie de foros sobre la independencia del Poder Judicial, donde los especialistas resaltan que puede haber 3 ministros que posiblemente voten en contra de la controversia”, advirtió Tagle.
En este sentido, subraya que para que un proyecto de inconstitucionalidad prospere, requiere de 8 de los 11 votos de los ministros que integran la SCJN; sin embargo, en virtud de que el ministro Zaldívar se abstendrá de votar por estar inmerso en este caso, de los 10 votos que restan, basta que se den tres votos en contra para desestimar la acción de inconstitucionalidad.}
“Esos 3 votos en contra, ni siquiera tendrán que argumentarlos los ministros que los emiten y, lo malo, o lo que nos preocupa, es que a quienes están presionando es a los ministros que ha nombrado el presidente López Obrador durante su administración”, indica la legisladora.
Se trata de las ministras Yasmín Esquivel Mosa, Margarita Ríos y, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Ellos, dice la diputada, “creemos que es a los que más están presionando”.
Al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuando fue presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dice, “le ofrecieron también ampliar su gestión y él lo rechazó. Entonces creemos que podría votar en contra de la ampliación del periodo, pero como ha habido visitas a Palacio Nacional, no solo del ministro Zaldívar, sino que la última vez llevaron al ministro González Alcántara, parece que es para ir presionando por ese lado”. Ante esto, la diputada concluye que sería muy lamentable que así fuera, “porque no permitirían ni siquiera que se pudiera discutir a fondo el asunto” la controversia.
Finalmente, aclaró que el objetivo del recurso, no es echar atrás la Reforma al Poder Judicial, sino buscar que se deseche el Artículo XIII Transitorio de dicho ordenamiento para que se respete la legalidad.
Magistrados se pronuncia a favor de invalidar ampliación de dos años gestión de Zaldívar
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) se pronunció a favor de invalidar las reformas con las que se amplía dos años la gestión de Arturo Zaldívar, como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que se trata de un acto de injerencia de un poder a otro.
Al fijar su postura respecto a la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de las reformas a las leyes Orgánica y de Carrera Judicial del Poder Judicial Federal (PJF), señaló que no existe duda de que el Tribunal Constitucional actuará a la altura de la demanda ciudadana e invalidará el artículo transitorio que prolonga mandatos en la SCJN y el CJF.
En su posicionamiento los juzgadores expresaron su preocupación por lo que calificaron como la persistencia de los legisladores en no modificar el artículo decimotercero transitorio, el cual se incluyó de manera sorpresiva e inconstitucional por la mayoría en la Cámara de Senadores, con lo que se violó los artículos 97 y 100 de la Constitución.
Sin embargo, también expresaron que en el proceso legislativo se lograron avances para la garantía de independencia de los juzgadores, a partir de las propuestas presentadas en el diálogo con los senadores de diversos grupos parlamentarios.
Por ejemplo, las medidas cautelares entre ellas las suspensiones, que deberán ser proporcionales e instrumentales, y ser impuestas a través de un procedimiento incidental con audiencia de la persona juzgadora involucrada y no de plano, como venía aconteciendo.
Mientras que, en los procedimientos de responsabilidad administrativa, afirman que se incorporó el principio de presunción de inocencia y el debido proceso, se regularon las visitas extraordinarias de inspección para que sólo procedan cuando existan indicios de posibles casos graves en el ámbito disciplinario, y se definieron las competencias de los órganos que intervienen en los procedimientos de responsabilidad administrativa.
“Sin embargo, esta Asociación no puede dejar de expresar su profunda preocupación por la persistencia de los legisladores en no modificar el artículo decimotercero transitorio, incluido de manera sorpresiva e inconstitucional por la mayoría en la Cámara de Senadores, durante el trámite legislativo”, afirmó la JUFED.
