El Ejército mexicano podrá permanecer en las calles hasta el 2028 con su labor en materia de seguridad pública y prevención delito, así lo establece en el decreto de ley que se publicó hoy en el Periódico Oficial de la Federación, luego de la reforma enviada por el presidente al Congreso de la Unión.
Lo anterior se implementará mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades y alcance territorial para desempeñarse en óptimas condiciones en las labores de seguridad pública del país.
El decreto publicado hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) entrará en vigor este sábado y se extenderá hasta 2028 a pesar de las alertas de la sociedad civil y de organismos internacionales sobre posibles violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, y en atención a ello, la reforma establece que su uso es de carácter extraordinario, regulado y fiscalizado.
Esto es que más allá de ese año −al menos que se vuelva a reformar el Artículo Quinto Transitorio la Constitución− las Fuerzas Armadas no podrán permanecer en las calles y deberán regresar a sus cuarteles; asimismo, durante ese tiempo se tendrán que apegar y capacitar en materia de derechos humanos y doctrina policial civil.
Además, se evaluará y supervisará periódicamente el funcionamiento de los cuerpos militares en las calles.
Para ello, el decreto contempla la creación de una Comisión bicameral, es decir, una “delegación” integrada por diputados y senadores la cual se reunirá cada que su directiva así lo solicite para analizar los dictámenes semestrales que el gobierno federal emita, los cuales deberán contar con “indicadores cuantificables y verificables” sobre su desempeño.
“(Ahí se) evaluará el cumplimiento de las condiciones establecidas en el primer párrafo del presente artículo para la participación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública y deberá señalar aquellas entidades federativas donde deje de ser requerida la presencia permanente de las Fuerzas Armadas en esas labores. Asimismo, contendrá las recomendaciones que contribuyan al cumplimiento del plazo establecido en ese mismo párrafo”, sostiene.
Por tratarse de una modificación constitucional, antes de su publicación debió ser aprobado por al menos 17 de los 32 Congresos locales, para lo cual el presidente López Obrador envió como su representante al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien presentó la reforma ante los diputados y diputadas locales.
En esta gira, el titular de Gobernación encontró poca resistencia para que las Cámaras locales aprobaran la reforma y el 27 de octubre logró el número requerido Congresos para emitir el decreto.
A pesar de esto y su publicación, lo emitido hoy en el DOF aún deberá sortear un obstáculo para su pleno funcionamiento, por lo menos hasta el segundo tercio del próximo sexenio. Y es que el miércoles pasado, durante su última conferencia de prensa al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el ministro Arturo Zaldívar anunció que el Pleno analizará la constitucionalidad de este decreto.
Esto se traduce en que si la mayoría de los ministros estima que el uso de la Sedena y la Semar en labores de seguridad pública hasta 2028 es inconstitucional, éstas podrían ser retiradas de las calles en 2024, como originalmente se emitió en la Ley.
Será el próximo 28 de noviembre cuando los ministros discutan y analicen el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat, el cual hasta el momento no es público y se desconoce en qué sentido se pronuncia.
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