La influencia de la industria alimentaria en la legislación de América Latina ha alcanzado niveles alarmantes, según un informe reciente que documenta más de 100 casos en los que estas empresas han buscado entrometerse en normativas relacionadas con etiquetado y publicidad infantil. Esta investigación es el resultado de la colaboración entre organizaciones civiles, quienes han lanzado la plataforma VIA (Vigilando a la Industria Alimentaria), impulsada por El Poder del Consumidor y la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Nutrición y Salud (COLANSA).
A través de esta plataforma, se busca hacer visibles prácticas preocupantes como el cabildeo político, las puertas giratorias y la captura del Estado, fenómenos que han deteriorado la regulación en áreas críticas como etiquetado frontal de alimentos, impuestos saludables y publicidad dirigida a menores.
Los hallazgos iniciales revelan que 166 entidades comerciales han utilizado diversas estrategias para interferir en la legislación de la región. Entre las más mencionadas se encuentran marcas de gran renombre como Coca-Cola, con 38 casos de interferencia, seguida por PepsiCo (19), Postobón (18), Nestlé (15), Kellogg’s (12) y Bimbo (9), así como organizaciones empresariales como ConMéxico (9).
Particularmente notable es el caso mexicano, que presenta un total de 32 registros de interferencia, convirtiéndolo en el país más afectado de la región, seguido de Colombia con 30 casos, Chile con 16 y Brasil con 15. En México, el sector privado ha ejercido una influencia decisiva en cuestiones clave que impactan la salud pública, empleando tácticas que van desde el cabildeo hasta la financiación de investigaciones científicas que favorecen sus intereses.
El repositorio también indica que las corporaciones han intervenido en la regulación de la publicidad dirigida a niños y han presionado contra la prohibición de la venta de comida chatarra en escuelas. Estas empresas han argumentado sobre supuestos “efectos económicos negativos” de medidas de salud, intentando frenar políticas fiscales o normativas que podrían afectar su lucrativo negocio.
Ana Larrañaga, investigadora de salud alimentaria, ha señalado que las tácticas más comunes entre la industria incluyen el uso de leyes para obstaculizar políticas, el financiamiento de estudios sesgados, la difusión de campañas de desinformación y la cooptación de espacios académicos y regulatorios.
Estos hallazgos subrayan la necesidad urgente de un mayor escrutinio y regulación sobre la influencia de la industria alimentaria en las políticas públicas, especialmente en contextos donde la salud de la población, especialmente la infancia, está en juego. La información presentada proviene de un análisis realizado hasta el 28 de agosto de 2025 y destaca un problema que continúa vigente en la actualidad.
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