El sector privado en México ha expresado su creciente inquietud ante el estado de las finanzas públicas del país, haciendo hincapié en que la deuda acumulada durante los primeros dos años del gobierno de Claudia Sheinbaum ascenderá a 2.8 billones de pesos. Esta cifra no solo es alarmante, sino que supera notablemente los 1.5 billones de pesos reportados en el mismo periodo del sexenio anterior.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), ha señalado que la Secretaría de Hacienda está considerando en la Ley de Ingresos 2026 un endeudamiento de 1.5 billones de pesos para el próximo año, lo que representa el 4.1% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto sitúa la deuda pública de México, reflejada en el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público, en un preocupante 52.3% del PIB; una cifra similar a la del presente año y un punto porcentual superior a la observada en 2024, el último año de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Por primera vez, la deuda pública del país ha superado la barrera de los 20 billones de pesos. Esta situación plantea incertidumbre sobre la sostenibilidad de los ingresos y la creciente necesidad de recursos para diversos programas sociales, lo que parece limitar la consolidación fiscal, que se mantendrá por encima del 4% el próximo año, a pesar de que el gobierno había pronosticado un 3.9% para 2025.
Los analistas del sector privado apuntan que, aunque el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos presentan una estrategia orientada a reducir el déficit, los esfuerzos son claramente insuficientes. Asimismo, destacan que el apoyo a un aumento de ingresos basado mayormente en medidas recaudatorias o impuestos, en lugar de fomentar un crecimiento acelerado y controlar el gasto, podría no constituir un escenario sostenible a medio y largo plazo.
Paradójicamente, las autoridades sostienen que la economía mexicana continuará mostrando signos de resiliencia, sustentada en la fortaleza del consumo interno, la inversión nacional y la posición estratégica del país dentro de las cadenas globales de valor. Sin embargo, existen signos de debilitamiento que podrían extenderse el próximo año, alineándose con las previsiones de un crecimiento moderado, que, aunque muestra una corrección al alza según el gobierno, contrasta con los pronósticos más conservadores de expertos que anticipan un crecimiento del 1.3%.
El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó los Criterios Generales de Política Económica 2026, manteniendo un pronóstico de crecimiento del PIB entre 1.8% y 2.8%, con un estimado puntual de 2.3%. Este optimismo oficial no parece coincidir con las señales de estancamiento en la actividad económica, lo que provoca una creciente preocupación por el futuro de las finanzas del país.
Esta situación económica pone de relieve una serie de desafíos que el país deberá enfrentar en un contexto en el que la gestión de la deuda pública y la sostenibilidad del crecimiento se volverán temas cruciales en la agenda nacional.
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