La segunda marcha por el agua en Guadalajara, realizada este 18 de octubre, reunió a cientos de personas que exigieron mejoras en el suministro y la calidad del agua, así como la renuncia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus1, 2, 3. La movilización se vio interrumpida por la presencia de grupos de choque y encapuchados, quienes realizaron actos violentos y fueron rechazados por los manifestantes1, 2, 3.
Durante la jornada, ciudadanos y colectivos denunciaron agresiones, vandalismo y el uso de artefactos explosivos, mientras que las autoridades estatales reiteraron su llamado a mantener la protesta en calma y aseguraron vigilancia en la zona2, 3. Además, se presentó una denuncia penal contra Pablo Lemus por presunta tortura y detención arbitraria durante la protesta anterior4.
Lo que había pasado: En la cobertura anterior, se reportó que la presidenta de Morena exigió la renuncia del gobernador de Jalisco tras la represión en la primera protesta por agua sucia, y que Pablo Lemus negó la privatización del agua y ordenó investigar la actuación policial en Jalisco (Presidenta de Morena exige renuncia de gobernador de Jalisco tras represión), (Pablo Lemus niega privatización del agua y ordena investigar a la policía en Jalisco).
Qué ocurrió durante la marcha
La marcha inició poco antes del mediodía en el Parque Rojo y tenía como destino el Palacio de Gobierno en el Centro Histórico de Guadalajara1, 3. Desde el inicio, la movilización fue interrumpida por la presencia de personas encapuchadas y presuntos grupos de choque, quienes portaban palos, tubos, martillos y lanzaron petardos, bombas molotov y otros artefactos explosivos1, 2, 3.
Manifestantes corearon consignas como “¡fuera Lemus!” y exigieron la salida de los encapuchados, buscando mantener el carácter pacífico de la protesta1, 2, 3. Parte del contingente decidió no avanzar por temor a la violencia, mientras que otros lograron llegar al Palacio de Gobierno para exigir agua limpia y sanciones a funcionarios responsables de agresiones en la primera marcha1, 3.
Respuesta de las autoridades y del gobernador
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó la presencia de grupos de choque y encapuchados en la marcha, y señaló que algunos asistentes rechazaron los actos violentos2. A través de redes sociales, Lemus compartió videos de ciudadanos que exigían el retiro de los encapuchados y condenaban los daños a comercios e instalaciones bancarias2.
El gobierno estatal reiteró su llamado a mantener la movilización en calma y aseguró que evitaría confrontaciones, manteniendo vigilancia para resguardar la seguridad de los participantes2.
Antecedentes: represión y detenciones en la primera marcha
La convocatoria para esta segunda marcha surgió tras la protesta del 11 de octubre, en la que la policía y bomberos detuvieron, golpearon y lanzaron gas lacrimógeno y chorros de agua contra manifestantes1, 3. En esa ocasión, el gobierno estatal reportó 39 detenidos, 28 policías lesionados (dos de gravedad) y 31 civiles atendidos3.
Cuatro de los detenidos fueron vinculados a proceso por lesiones y delitos contra la autoridad, aunque podrán llevar su juicio fuera de prisión1, 3. La Comisión Nacional de Derechos Humanos atrajo la investigación sobre las agresiones cometidas en la primera movilización y llamó a las autoridades a prevenir el uso arbitrario de la fuerza1.
Denuncia penal contra Pablo Lemus por tortura
La denuncia solicita que la FGR investigue posibles violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, tratos crueles, abuso de autoridad y corrupción4. Gutiérrez Yánez afirmó que el problema del agua en Guadalajara afecta a al menos 320 colonias desde 2019 y responsabilizó al gobierno estatal por el deficiente servicio4.
Qué significa para México
La problemática del agua en Guadalajara y las protestas relacionadas impactan directamente a los habitantes de Jalisco, quienes enfrentan deficiencias en el suministro y la calidad del agua desde hace años4. La presencia de violencia y grupos de choque durante las manifestaciones, así como la denuncia penal contra el gobernador, pueden tener repercusiones políticas y sociales en el estado y a nivel nacional1, 2, 4.
Las investigaciones por posibles violaciones a derechos humanos y el llamado de organismos como la CNDH ponen en el centro del debate la actuación de las autoridades ante demandas ciudadanas, la seguridad durante las protestas y la responsabilidad de los funcionarios públicos1, 4.
Fuentes
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Datos basados en información reportada originalmente por Expansión.
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