Seis expresidentes del Tribunal Constitucional han coincidido este miércoles en exigir que la institución recupere “la excelencia” que tuvo en el pasado, y han culpado de las recientes crisis del órgano a los intereses partidistas que han primado en cada una de sus renovaciones, singularmente en la última. En el acto de apertura de un encuentro de constitucionalistas iberoamericanos, seis expresidentes del tribunal de garantías lanzaron fuertes críticas a las fuerzas políticas por haber tensionado a la institución hasta el punto de poner en riesgo su prestigio y la eficacia de sus funciones.
Álvaro Rodríguez Bereijo, presidente entre 1995 y 1998, criticó la falta de transparencia en los procesos de renovación y la existencia de “pactos de hierro” en las negociaciones entre los partidos, en términos tales que “ningún diputado que quiera seguir en la vida política” puede discrepar. “El Constitucional puede acabar convertido en un tribunal de arbitraje”, y mutar “en un tribunal de instancia en materia de derechos fundamentales”, cuando en realidad la protección de tales derechos debe seguir siendo uno de sus papeles esenciales.
Francisco Pérez de los Cobos, que dirigió el tribunal entre 2013 y 2017, dijo que “los procesos de renovación comprometen la autoridad y el prestigio del Constitucional”, y “el reparto de cuotas entre los partidos vulnera el espíritu de las previsiones constitucionales”, como igual suponen un incumplimiento de tales principios los retrasos en los relevos de los magistrados. Su sucesor, y presidente hasta el pasado noviembre, Juan José González Rivas extendió este problema al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del que dijo que es “un escándalo” que lleve ya casi cuatro años pendiente de un acuerdo para su renovación. También reclamó que cada cambio se haga garantizando “la no dependencia partidista” de los integrantes de dichas instituciones.
En similares términos, en un in crescendo de las críticas a medida que se exponían, se pronunciaron los expresidentes Pedro Cruz Villalón (1998-2001), María Emilia Casas (2004-2011) y Miguel Rodríguez Piñero (1992-1995), quien atribuyó el desprestigio a los propios partidos, por su conducta. “Hay un desprestigio notable —dijo— de los partidos y los dirigentes que no han aceptado el concepto de lealtad constitucional”, mientras el tribunal de garantías corre el riesgo, si se debilita, de ser desautorizado en un momento en el que hay que tener en cuenta que, por la existencia de una justicia europea, “el Constitucional ya no va a ser siempre el que diga la última palabra”.
Desde otra perspectiva, Pascual Sala (2001-2013) criticó que en el contexto descrito se eche sobre las espaldas del Constitucional, lo que definió como un proceso “de ultimación del Estado, que es necesario, y que no le corresponde hacer al tribunal a golpe de sentencias”. Casas manifestó a su vez que el tribunal “es fuerte si van los mejores”, y González Rivas consideró necesario “garantizar la no dependencia partidista”. Pedro Cruz Villalón, por su parte, estimó imprescindible que el tribunal reúna “excelencia y reconocimiento”, unos requisitos que se respetaron en las primeras composiciones de la institución. “Si en un sistema constitucional no hay un tribunal que parta de esa excelencia, ese tribunal lo va a tener muy complicado”.
Otro denominador común fue la reclamación de un pacto político que termine la construcción del Estado autonómico, y la limitación absoluta, incluso la prohibición, de las recusaciones. En este sentido hubo diversas referencias al error cometido en su día con Pablo Pérez Tremps, que fue apartado del tribunal en el recurso contra el Estatuto de Cataluña tras ser recusado por haber realizado un trabajo científico para una fundación vinculada a la Generalitat.
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