Seis soldados en trama de contrabando mantienen salario.

El 7 de septiembre de 2025, el Gobierno de Claudia Sheinbaum se enfrentó a un escándalo sin precedentes al anunciar la detención de 14 funcionarios y empresarios vinculados a una red de contrabando de combustible. Esta operación, que ha sido calificada como el mayor golpe contra la corrupción de su administración, reveló la implicación de marinos de alto rango que, junto a trabajadores de aduanas y empresarios, introducían ilegalmente cientos de millones de litros de gasolina en México, eludiendo impuestos y generando un hueco fiscal significativo aún no concretado.

La noticia fue divulgada en una rueda de prensa liderada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Al abrir esta “caja de Pandora” dentro de la Secretaría de Marina, surgieron innumerables dudas y complicaciones que, seis meses después, continúan sin respuesta. A pesar de que la presidenta Sheinbaum ha mantenido, en diversas ocasiones, que se esperan más detenciones —siendo la última referencia el 19 de febrero de 2026— no ha habido pruebas de arrestos adicionales desde la primera serie de estas detenciones.

Los documentos de la Fiscalía General de la República indican que un número significativo de marinos y civiles podrían ser culpables, al presentar pruebas similares a las de los arrestados iniciales. Las evidencias incluyen testimonios de implicados en la trama, cartas de un contralmirante asesinado, georreferencias e intervenciones telefónicas, así como análisis de las finanzas de los involucrados.

Además de los seis marinos originalmente arrestados, la orden de aprehensión señala a 24 militares activos con referencias a su participación en el contrabando. De este grupo, siete marinos, entre ellos un vicealmirante, aún permanecen en activo, aunque sus funciones han sido restringidas como una forma de castigo.

El caso se centra en puertos clave, como Altamira y Tampico, donde se registraron casi 20 envíos ilegales durante la gestión del vicealmirante Salvador Camargo Vivero, quien ahora está en trámites de retiro. Entre los capitanes mencionados hay individuos que ya han sido vinculados a sobornos y corrupción.

La Secretaría de Marina ha declarado tener una política de “cero tolerancia” hacia la corrupción, indicando que los marinos que continúan en la investigación son considerados inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, la falta de acción contundente y la presión por parte de la sociedad civil continúan cuestionando la efectividad de esta postura.

Desde la detención inicial, la administración ha intentado distanciar al secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, de la corrupción, dada su relación familiar con los cabecillas de la red, los hermanos Farías Laguna. Recientemente han emergido grabaciones que sugieren que Ojeda Durán habría conocido la corrupción dentro de la marina antes de ser acusado.

Por ahora, la investigación sobre el crimen organizado dentro de la Secretaría de Marina sigue en curso, pero la falta de nuevos arrestos y la aparente protección de ciertos altos mandos han llevado a la percepción de que la justicia podría no estar aplicándose de manera uniforme. Este panorama continúa generando un fuerte debate en la opinión pública y entre las instituciones gubernamentales.

Actualización: A fecha de 6 de marzo de 2026, la situación continúa siendo objeto de análisis crítico, mientras se espera que se tomen decisiones que reflejen un verdadero compromiso con la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones armadas de México.

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