El 26 de marzo de 2026, el Partido del Trabajo (PT) obtuvo una victoria importante al forzar la eliminación de cambios a la Constitución que habrían permitido que la Revocación de Mandato presidencial se llevara a cabo de manera concurrente con las elecciones federales intermedias y locales programadas para 2027. Esta reforma propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue planteada en un contexto en el que se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, haciendo del tema un punto central en el debate legislativo.
El decreto conocido como “plan B” recibió el apoyo de 87 senadores de las agrupaciones Morena, PVEM y PT, mientras que la oposición, conformada por el PAN, PRI y MC, emitió 41 votos en contra. No obstante, la verdadera controversia surgió durante la discusión de las reservas, cuando Lizeth Sánchez, del PT, propuso la eliminación del artículo 35, que abordaba la Revocación de Mandato. La propuesta fue aprobada de manera unánime y se sustrajo del decreto original.
La minuta correspondiente fue enviada a la Cámara de Diputados para su evaluación. Alberto Anaya, senador y líder del PT, reafirmó la posición del partido, indicando que, aunque votarían a favor de la reforma en términos generales, se oponían claramente a cualquier modificación del mencionado artículo, lo que quedó reflejado en el proceso legislativo.
En este sentido, Enrique Inzunza Cázarez, de Morena, fundamentó el dictamen argumentando que se proponían medidas para poner fin a los privilegios de los servidores públicos, ajustando sus remuneraciones a límites constitucionales y promoviendo la racionalización de los recursos en los gobiernos. A su vez, se buscaba mejorar la representación en los ayuntamientos para que los recursos públicos fuesen directamente en beneficio de las comunidades.
Sin embargo, esta intención fue objeto de críticas. La senadora panista Verónica Rodríguez cuestionó que el gobierno propiciara un contexto donde la figura de la presidenta Claudia Sheinbaum pudiera dominar el escenario electoral de 2027 bajo la excusa de la Revocación de Mandato. Claudia Anaya, del PRI, también criticó la reforma, sugiriendo que servía para potenciar el control ejecutivo y debilitar la división de poderes, señalando el apoyo del PT a esta postura como un hecho positivo.
El coordinador de la bancada senatorial de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció su rechazo al “plan B”, describiéndolo como carente de un impacto positivo en la vida pública del país.
En cuanto a los cambios aprobados, de un total de cuatro artículos sujetos a modificación, se establecieron nuevas normas en los artículos 115, 116 y 134. El artículo 115 especifica que los ayuntamientos deberán contar con una estructura que respete la paridad de género y la igualdad en el acceso al ejercicio del poder público municipal. El artículo 116 establece que el presupuesto destinado a las legislaturas locales no podrá exceder del 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad, mientras que el artículo 134 limita los salarios de los altos funcionarios de instituciones electorales y prohíbe el uso de recursos públicos para contratación de seguros o pensiones privadas.
Este giro en el proceso legislativo marca un momento decisivo en la política mexicana, reflejando las tensiones entre el oficialismo y la oposición, mientras se delinean los contornos de la próxima contienda electoral. La eliminación de los cambios propuestos al artículo 35 ha reafirmado la resistencia del PT a lo que considera una concentración de poder en el Ejecutivo. El futuro político del país se presenta incierto en medio de estos debates y decisiones clave.
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