En la Cámara de Senadores, se contempla la posibilidad de convocar un periodo de sesiones extraordinarias antes del 31 de mayo de 2026. El objetivo de esta convocatoria sería reformar la Constitución para aplazar, al menos hasta 2028, la siguiente elección judicial, en la que se renovarán más de 800 vacantes de magistrados y jueces federales. Esta elección está programada para el 7 de junio de 2027.
Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, expresó que “siempre existe la posibilidad de que las cámaras hagan su chamba” al ser cuestionado sobre el tema. Esta respuesta subraya la flexibilidad y disposición legislativa ante una situación que ha generado controversia.
La propuesta, impulsada por senadores y diputados del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), busca no solo postergar los comicios judiciales, sino también evitar su coincidencia con el proceso electoral federal intermedio, que involucrará la elección de 500 diputados federales y 17 gobernadores, entre otras posiciones. Además, se planea establecer criterios de evaluación y certificación para los candidatos a juzgadores, buscando así profesionalizar el Poder Judicial y, a su vez, brindar mayor certidumbre jurídica para las inversiones en el país.
La urgencia de realizar estos cambios se hizo evidente en la sede senatorial, donde un grupo de ciudadanos afectados en Chihuahua expuso la necesidad de reformas profundas en el sistema judicial. Destacaron que se enfrentan a prácticas de impunidad que obstaculizan la consolidación del nuevo modelo judicial propuesto. Un caso ilustrativo es el del diputado Guillermo Ramírez, cuyo hermano, acusado de intento de homicidio, fue liberado tras la decisión de la magistrada María Elizabeth Macías Márquez de revocar el auto de vinculación a proceso en su contra, lo que acentúa la percepción de irregularidad en el sistema judicial estatal.
La Constitución mexicana establece que los cambios en materia electoral pueden hacerse hasta 90 días antes del inicio del proceso correspondiente. Para los comicios del 2027, este plazo inicia el 1 de septiembre de 2026. Cualquier modificación deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso federal y al menos 17 congresos locales de un total de 32.
La discusión sobre este tema cobra relevancia no solo por sus implicaciones electorales, sino también por el impacto que podría tener en la confianza pública en el sistema judicial y en la seguridad jurídica que requieren los inversores. La posibilidad de un cambio constitucional en el horizonte puede ser el primer paso hacia un sistema de justicia más robusto y transparente en México.
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