En vísperas el día del Defensor de la Patria, festivo en Rusia y una jornada que durante la época soviética estaba dedicada al Ejército Rojo, el presidente ruso, Vladímir Putin, se ha enrocado en su frente contra Ucrania. A petición del jefe del Kremlin, el consejo de la federación (cámara alta) ha autorizado este martes el envío del Ejército al extranjero.
La medida busca dotar de una pátina democrática la decisión de Putin de desplegar un cuerpo militar de “pacificadores” en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk, que el líder ruso reconoció como Estados el lunes abriendo una nueva crisis con Occidente. Por un lado, la medida es una formalidad que permite a Moscú mostrar sus tropas en esos territorios de manera abierta y por otro es una nueva maniobra de presión sobre Kiev que agita la posibilidad de que Rusia se lance hacia una intervención militar mayor en Ucrania.
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Tras obtener el visto bueno de la cámara alta para plantar el ejército en territorio ucranio, Putin proclamó: “Si es necesario, cumpliremos las obligaciones asumidas” para proteger Donetsk y Lugansk. Además, el reconocimiento de Putin sobre su independencia no cierra las exigencias territoriales sobre Ucrania. El presidente ruso remarcó que las fronteras de las “repúblicas” son las que proclamaron los separatistas en su referéndum constitucional de mayo de 2014, un plebiscito celebrado sin observadores y con numerosas denuncias de irregularidades, y que entonces contaba con zonas que Kiev recuperó después, como Mariúpol, clave por ser enlace entre el Donbás y Crimea, y Sloviansk, el pueblo donde comenzó la guerra tras la interrupción de militares rusos en abril de 2014 al apagarse las protestas locales.
Tras anunciar que militarizará aún más la zona separatista del Donbás, Putin exigió la desmilitarización de Ucrania y que Kiev renuncie a la adhesión a la OTAN y a la península del Mar Negro. “La solución a largo plazo para Ucrania depende del reconocimiento de la voluntad de quienes viven en Sebastopol y Crimea”, agregó el presidente ruso, que demandó neutralidad a Ucrania y advirtió de que supone una amenaza para Rusia si obtiene armas nucleares. Precisamente, el Gobierno de Volodímir Zelenski consideró roto el Tratado de Budapest de 1994 por las últimas acciones del Kremlin. Moscú y Kiev firmaron en aquel acuerdo que Ucrania renunciaba a tener desplegadas armas nucleares en su territorio siempre que se respetase su soberanía y su integridad territorial.
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