La Cámara de Senadores ha dado un giro significativo en la estructura del gobierno al aprobar, con 71 votos a favor y 34 en contra, una reforma que permitirá al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) asumir las funciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Este cambio se formalizó en un dictamen que modifica la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental. El documento ha sido enviado al Ejecutivo federal para su publicación oficial.
Este desarrollo sigue a la decisión del Congreso de la Unión, que en noviembre del año anterior aprobó la eliminación de siete organismos autónomos, incluido el Coneval. La propuesta, presentada bajo el argumento de simplificación administrativa y reducción de gasto público, ha generado debate, considerando que la eliminación de estos entes representaba apenas el 0.05% del presupuesto para 2024.
El Inegi, conocido por su labor en la recopilación y análisis de datos estadísticos y geográficos en México, ahora se convierte en un órgano clave para evaluar las políticas de desarrollo social, responsabilidad que anteriormente recaía en Coneval. Este movimiento plantea preguntas sobre la eficacia y la transparencia en la evaluación de las políticas sociales, así como sobre el impacto que podría tener en la medición del progreso social en el país.
La reestructuración de estas entidades refleja un cambio en la visión del gobierno respecto a la administración y evaluación de políticas públicas. Mientras se busca reducir costos y simplificar procesos, la centralización de funciones podría generar retos en la calidad y en el rigor técnico de las evaluaciones sociales, aspectos cruciales para entender y mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable.
El camino que se traza con esta reforma podría tener implicaciones significativas para la sociedad mexicana, ya que el acceso a datos precisos y evaluaciones rigurosas es fundamental para guiar las decisiones políticas y fiscales en un entorno donde la transparencia y la rendición de cuentas son cada vez más demandadas. Con el dictamen enviado al Ejecutivo, el próximo paso será observar cómo se implementará esta medida y qué consecuencias tendrán estas reformas en el mediano y largo plazo.
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