En una reciente comunicación, los senadores Edward J. Markey, Ron Wyden y Jeff Merkley enviaron una carta al director en funciones de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE), Todd Lyons, solicitando la interrupción del uso de “Mobile Fortify”, una aplicación para smartphones que emplea identificación biométrica, incluida la tecnología de reconocimiento facial. En su misiva, los legisladores expresaron su preocupación por la confiabilidad de esta tecnología y el potencial efecto disuasorio que la vigilancia en tiempo real puede generar sobre actividades protegidas por la Constitución.
Los senadores afirmaron que diversas investigaciones demuestran que la percepción de ser vigilado puede llevar a las personas a evitar participar en actividades amparadas por la Primera Enmienda, como protestas y manifestaciones, una situación que puede socavar los principios fundamentales de la democracia.
En la carta, se exige a la agencia que responda antes del 2 de octubre a varias preguntas, incluidas las relacionadas con el desarrollo de la aplicación, su fecha de implementación, la precisión en sus pruebas, la base legal para su uso y la normativa actual que rige la utilización de esta herramienta. También se solicitan explicaciones sobre la continuidad del uso de “Mobile Fortify”, especialmente si el ICE decide no descontinuar su uso.
La carta fue respaldada por otros senadores, incluidos Elizabeth Warren, Cory Booker, Chris Van Hollen, Tina Smith, Bernie Sanders y Adam Schiff.
Recientemente, un informe señaló que la policía de Nueva Orleans había empleado en secreto tecnología de reconocimiento facial a través de una red de más de 200 cámaras en vivo durante dos años, desafiando las ordenanzas que limitan su uso a la búsqueda de sospechosos específicos y exigen una documentación rigurosa.
A pesar de las controversias que rodean la tecnología de reconocimiento facial, un sector considerable de la población estadounidense muestra apoyo a su utilización, tanto en la aplicación de la ley como en entornos laborales, aunque con restricciones.
Dado que actualmente no existe una regulación federal que aborde el uso del reconocimiento facial, los estados han comenzado a establecer sus propias normas. Por ejemplo, Illinois ha permitido que los individuos demanden por daños en caso de mal uso de datos biométricos, además de requerir el consentimiento escrito para su uso. En un caso especialmente destacado, Meta llegó a un acuerdo de 1.4 mil millones de dólares con el estado de Texas por la supuesta recolección de datos biométricos de millones de texanos sin su consentimiento.
Esta información, publicada originalmente en 2025, subraya el continuo debate sobre el uso de tecnologías emergentes y su regulación en el contexto de la privacidad y la libertad civil.
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