Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores han dado un paso significativo en la agenda legislativa del país al aprobar un decreto que reforma diversos artículos de la Constitución. Este proceso, llevado a cabo el 24 de marzo de 2026, se realizó sin la participación del Partido del Trabajo (PT), pero con el respaldo mayoritario de los senadores de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quienes votaron a favor por 24 votos frente a 11 en contra de las fuerzas de oposición, que engloban al PAN, PRI y MC.
Orientado por la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el llamado “plan B” busca reducir privilegios y fortalecer el proceso de revocación de mandato. Esta enmienda, que ha despertado tanto interés como controversia, ha sido enviada a la Mesa Directiva del Senado para su discusión y votación en el pleno.
El decreto aprobado establece que la revocación de mandato para el Ejecutivo Federal se realizará el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de su gestión. No obstante, la nueva normativa no modifica la capacidad del titular del Ejecutivo de promover su voto durante el proceso, aunque mantiene la restricción sobre el uso de recursos públicos para promocionar la revocación. A partir de ahora, se suspenderá cualquier difusión de propaganda gubernamental 60 días antes de la jornada deliberativa.
Los cambios también afectan a los ayuntamientos, que deberán estar conformados por un presidente, una sindicatura, y hasta 15 regidurías, todo bajo los principios de paridad de género y perspectiva de igualdad. Este punto se vuelve crucial en el contexto actual, donde la representación equitativa en espacios de decisión es cada vez más demandada.
La reforma también previene que el presupuesto anual de las legislaturas locales exceda el 0.70% del presupuesto de egresos del Estado correspondiente, asegurando además que las remuneraciones de los consejeros electorales y magistrados no sobrepasan los límites establecidos por la Constitución.
Sin embargo, este proceso no ha estado exento de desacuerdos. La ausencia del PT en la votación y la falta de intervención de su representante, Alejandro González Yáñez, marcó la jornada. Este tipo de situaciones subraya la incertidumbre en torno a la construcción de consensos en el Senado.
De acuerdo con las regulaciones actuales, para que el “plan B” avance es necesaria una mayoría calificada, es decir, dos tercios de los senadores presentes. En una Cámara compuesta por 128 senadores, esto se traduce en al menos 86 votos. La coalición de Morena y el PVEM aún depende de la colaboración del PT, cuyas preocupaciones sobre la coincidencia de la revocación con las elecciones intermedias de 2027 complican el panorama.
Este contexto legislativo, que continúa evolucionando, pone de manifiesto la dinámica política actual en México y el desafío constante por equilibrar poderes y garantizar la participación ciudadana. Sin duda, la discusión de este decreto en el pleno del Senado será un evento crítico a seguir en los próximos días, con implicaciones profundas para el futuro democrático del país.
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