La ingente cantidad de dinero que se movía entre las cuentas de las empresas del entramado fue una de las cosas que más le llamó la atención a los agentes del Seprona, al área de medio ambiente de la Guardia Civil. Estos agentes han sido los encargados de desentrañar una red dedicada al tráfico ilegal de residuos desde España hacia varios países asiáticos, que de momento se ha saldado con 27 personas acusadas de delitos contra el medio ambiente y organización criminal. “El negocio de los residuos es muy lucrativo”, recuerda uno de los responsables de esta operación, denominada Pindaan y que se acaba de cerrar. Y lo es todavía más cuando se eluden los controles medioambientales y sanitarios y se exportan ilegalmente los residuos plásticos contaminados, como presuntamente ha ocurrido en este caso.
En total, la Guardia Civil ha detectado 301 envíos ilícitos —con 16.000 toneladas de residuos plásticos— que salieron entre 2018 y 2020 desde el puerto de Valencia rumbo a Malasia, Camboya y Tailandia, entre otros países asiáticos. Allí los desechos, muchos de ellos procedentes de la agricultura y los invernaderos, se trataban en plantas clandestinas y el plástico que se podía reutilizar era enviado a China. Con estos envíos el entramado, encabezado por cinco ciudadanos chinos, habría generado más de 15 millones de euros, según los cálculos de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente del Seprona.
Más información
Para poder entender bien esta historia hay que retroceder hasta 2017. En ese momento, el 60% de todas las exportaciones de residuos plásticos del mundo acababan en China. El país tenía una gran necesidad de materias primas para su industria, también de plástico. Pero lo que le llegaban eran residuos contaminados con sustancias tóxicas y de muy difícil aprovechamiento. Así que, a partir de 2018, el Gobierno chino cerró sus fronteras a estas basuras, lo que generó un terremoto internacional. Y los contenedores con residuos, muchos de ellos procedentes de Europa y Estados Unidos, empezaron a recalar en otros países asiáticos como Malasia, Tailandia y Camboya, donde se multiplicaron las plantas de tratamiento en las que las condiciones laborales, sanitarias y medioambientales dejaban mucho que desear. Allí se separaba lo que se podía separar y reciclar para venderlo ya limpio en China.
Mientras, a miles de kilómetros, los responsables del entramado ahora desbaratado por la Guardia Civil se recorrían el levante de la Península comprando residuos plásticos. “Ofrecían más de lo que se pagaba por ese tipo de residuos en el mercado”, apuntan fuentes de la investigación. Se trataba en muchos casos de residuos procedentes de la agricultura, que son muy complicados de tratar y que “estaban contaminados con productos fitosanitarios”, recuerdan las mismas fuentes. Tras recibir un supuesto tratamiento —“los trituraban y les daban un manguerazo”— se metían en contenedores y eran enviados al puerto de Valencia para su exportación a Asia para nutrir a la red, que también captaba residuos en Holanda. “La mayoría de estos residuos no habían sufrido el proceso de descontaminación exigido para que los países que lo recepcionan lo hagan como materia prima y puedan trabajar en la elaboración de productos a posteriori”, ha informado este domingo la Guardia Civil a través de un comunicado de prensa.
La alerta en España saltó, al menos de forma pública, en mayo de 2019. El Ministerio de Medio Ambiente de Malasia bloqueo en el puerto de la ciudad de Klang dos decenas de contenedores tras una inspección. Y decidió devolver cinco de ellos a España por tratarse de residuos plásticos contaminados. “Devolveremos cualquier residuo plástico contaminado que entre en Columna Digital y que pueda dañar a nuestra población y al medio ambiente”, explicó entonces a el país el ministerio malasio. Además, también advertían de que devolverían a su destino las basuras que tuvieran como destino las plantas de tratamiento ilegales. Esas basuras llegaban hasta Malasia con declaraciones falsas en las que no se especificaba que venían tan contaminadas que, en algunos casos, se debían considerar como residuos peligrosos.
Más información
Tras el plante de Malasia, comenzó en España la investigación en la que los agentes del Seprona han trabajado en colaboración con el Ministerio para la Transición Ecológica y que ha sido dirigida por la Fiscalía Delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, que será la que tendrá ahora que presentar la querella contra este entramado. Aunque la red estaba encabezada por esos ciudadanos chinos, la mayoría de los investigados son gestores y productores de residuos españoles. Son los que vendían sus basuras plásticas a la red: “sabían que el tratamiento no era el correcto”, sostienen fuentes de la investigación. “Se compraba a un precio mayor del precio del mercado para este tipo de residuos”, insisten.
Los agentes del Seprona han trabajado en colaboración con Interpol y con el Gobierno de Malasia. Además de todo el dinero que movía la red, a los agentes de la Guardia Civil les ha llamado la atención la mala reputación de España en Malasia respecto a los residuos que se envían allí para su supuesto tratamiento y que llegan contaminados por esos productos fitosanitarios.
Una gran cantidad de los envíos que realizó la red estaba compuesta por plásticos de invernaderos, de ahí que estuvieran contaminados con los productos que se emplean en la agricultura intensiva. La gestión de este tipo de residuos, campaña a campaña agrícola, se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza en muchas zonas del país. Así ocurre, por ejemplo, en Almería, donde esos plásticos acaban contaminando la costa.
Puedes seguir a Columna Digital en Facebook y Twitter, o visitar nuestra pagina oficial.
La nota precedente contiene información del siguiente origen y de nuestra área de redacción.
