Un torrente de protestas agrarias ha tomado León tras el verano de la sequía. Los agricultores han proclamado la revuelta del riego y han salido a la calle con sus tractores para defender la cotizada agua de los embalses. El pronunciamiento señala el tratado internacional que se conoce como el Convenio de Albufeira en 1998, por el que España y Portugal acordaron la gestión de las cinco cuencas hidrológicas que comparten. Entre ellas, el río Duero, que abastece esos campos provinciales. Los leoneses soliviantados temen que, pese a la escasez que sufren, se desvíe a los lusos ese caudal. Y creen que no servirá para apoyar a los labriegos portugueses o a poblaciones con carestía, sino para el negocio de las hidroeléctricas para generar energía.
Los afectados salieron a las calles de la capital leonesa este lunes con más de 250 tractores y miles de personas para reivindicar lo que consideran un agravio para la agricultura local. Varias asociaciones del sector primario y de regantes se congregaron en León para pedir explicaciones a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), encargada de la administración del río. La desembocadura en Portugal y el nacimiento en Soria del Duero marca que la gestión de la cuenca debe estar tutelada por el acuerdo de Albufeira. Javier Alonso, representante de la comunidad de regantes del Páramo Bajo, que abarca 24.000 hectáreas de cultivo, detalla que el motivo de sus recelos radica en el uso del agua de los embalses de su tierra. “Pensamos que es para que las plantas hidroeléctricas produzcan energía porque septiembre ya no es época de regar y porque no nos consta que haya localidades en riesgo de restricciones, en cuyo caso nos parecería muy bien”, sostiene Alonso. Castilla y León ya sufrió el año pasado cómo Iberdrola vació presas, como la de Ricobayo (Zamora), causando graves perjuicios económicos y ambientales con el objetivo de desembalsar para producir más energía de esas instalaciones.
La delegada del Gobierno en la comunidad, Virginia Barcones, ha sostenido que el acuerdo de Albufeira se firmó con José María Aznar (PP) como presidente del Gobierno y que “a lo largo de estos años ha estado vigente y el Estado lo ha cumplido, aunque esto no quita que desde el Gobierno empaticen con los agricultores”. Barcones ha emplazado al diálogo para buscar soluciones y ha destacado que “el Estado español es serio y mantiene el convenio” suscrito con Portugal. “Entiendo ese sentimiento de ver peligrar el pan de tus hijos pero la responsabilidad institucional consiste en cumplir los acuerdos establecidos, y las restricciones son las mismas a ambos lados de la frontera”, ha zanjado la representante gubernamental.
Portavoces del Ministerio de Transición Ecológica señalan que “España está obligada a gestionar las aguas de tal forma que a lo largo de este año hidrológico que terminará el 30 de septiembre lleguen a Portugal aportaciones hídricas del final del tramo internacional del Duero y también a través del Tajo” y detallan que esas cantidades “no van a poner en riesgo el abastecimiento urbano a este lado de la frontera”. La información ministerial recoge que “este año hidrológico 2021-22 ha sido muy peculiar porque, a pesar de las escasas lluvias registradas en nuestras cuencas, no se han dado las condiciones de excepcionalidad de manera generalizada”, una situación que no llega a afectar al Duero o al Tajo. La consigna, sostienen, pasa porque en tiempos de sequía el convenio compromete a ambas partes: “No es legal retener agua por conveniencia propia para usos económicos, impidiendo a Portugal atender sus necesidades básicas.
Javier Alonso pide más información sobre el pacto internacional para saber en qué condiciones el gremio podría perder el recurso hídrico que, como presume, intentan ahorrar todo el año para que cubra las necesidades de los agricultores: “Contamos con lo que tenemos y somos ahorradores como las hormiguitas”. El volumen embalsado del Duero de esta semana se queda en un exiguo 29,9% de la capacidad disponible, algo mejor que el 25,6% de los pantanos leoneses, 10 y 9 puntos menos, respectivamente, de la media de la década, según datos de la CHD y del Ministerio de Transición Ecológica, que acreditan la notable escasez.
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Las comunidades de regantes esgrimen que el contexto meteorológico, con muchas menos lluvias, y de gestión de los terrenos, con aumento del suelo destinado a cultivo, debería tenerse en consideración. Lo firmado en Albufeira, reiteran, debería adecuarse a estas circunstancias. Según sus cálculos, se necesita el desembalse de unos 4.000 hectómetros cúbicos por año hídrico y quedarían unos 1.000 por derivar. La forma de hacerlo, explican, consiste en que los embalses españoles suelten esas cantidades para que, al bajar su curso hacia Portugal y la cuenca atlántica, los lusos puedan disponer de ello: “Entendemos que un país no puede dejar seco a otro”. Así, sostienen que de perder esos litros este otoño, si las previsiones siguen castigando sin precipitaciones a la península Ibérica, puede llegar un escenario complicado para el riego de la campaña siguiente. Las advertencias de los expertos en meteorología prevén un otoño e invierno más seco que de costumbre, de modo que el cambio climático y sus efectos se unen a los aciertos internacionales para aumentar las preocupaciones del sector primario leonés.
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