La reciente decisión judicial que involucra a la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) y al Sindicato Americano de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME) se erige como un hito significativo para la defensa de las bibliotecas y museos en Estados Unidos. Esta resolución, alcanzada con el Departamento de Justicia de los EE. UU., ha puesto freno a los planes del gobierno anterior para desmantelar el Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS), el único organismo federal que proporciona recursos esenciales a estas instituciones en todos los estados y territorios del país.
En un comunicado del 9 de abril de 2026, la ALA detalló cómo este acuerdo garantizará que el IMLS continúe otorgando subvenciones, realizando investigaciones y apoyando el funcionamiento de bibliotecas y museos. Además, se estipula la reinstauración de subvenciones que habían sido canceladas, la reversión de reducciones de personal y un compromiso de no tomar más acciones adversas contra el IMLS.
La presidenta de la ALA, Sam Helmick, subrayó la gravedad de la situación, señalando que el cierre del IMLS había provocado una cadena de reacciones en todo el país. Las bibliotecas se vieron obligadas a recortar horarios, personal y servicios vitales, como programas tras escolares y apoyo para quienes buscan empleo. Según Helmick, el acuerdo protege estos servicios que transforman vidas en las comunidades.
Desde su creación en 1996, el IMLS ha sido un pilar fundamental para la financiación de museos y bibliotecas, pero, lamentablemente, bajo la administración anterior, se convirtió en un blanco para el desfinanciamiento. La propuesta de presupuesto federal de 2026 contemplaba reducir la asignación del IMLS a solo seis millones de dólares, una caída drástica desde los 313 millones anteriores. Esto representaba un desafío para la continuidad de la agencia, que con solo un 0.005% del presupuesto federal requiere reautorización por parte del Congreso cada seis años.
En 2025, las primeras acciones legales fueron impulsadas por la ALA y AFSCME, quienes denunciaron que el cierre del IMLS significaría un grave golpe para el arte y la cultura en el país, incluyendo despidos masivos y cancelación de subsidios. Las medidas legales incluyeron, entre otras, una orden de restricción temporal dictada por un juez federal y una demanda presentada por 20 fiscales generales de diferentes estados.
El presidente de AFSCME, Lee Saunders, declaró que la empresa de proteger el IMLS fue un esfuerzo conjunto que ahora garantiza que las comunidades sigan accediendo a estos lugares de aprendizaje esenciales.
Esta resolución no solo refleja la importancia de mantener estos recursos, sino también el poder de la acción colectiva y la defensa de los derechos culturales en América. La lucha por el IMLS resuena como un recordatorio de la vitalidad de las bibliotecas y museos en la formación de comunidades más educadas e informadas, un elemento crítico para el progreso social en el futuro.
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