La presidenta Claudia Sheinbaum ha abordado recientemente el impacto económico generado por una red de contrabando de combustible, conocido como ‘huachicol fiscal’. En un contexto donde la información sobre el tema es dispar, la mandataria aseguró que su administración está recopilando datos de diversas dependencias y agencias para medir adecuadamente dicha afectación económica.
Durante su conferencia en Ciudad de México, Sheinbaum rechazó la cifra de 600,000 millones de pesos mencionada anteriormente por la procuradora fiscal, Grisel Galeano, subrayando la necesidad de contar con información precisa y uniforme. Para ello, se ha establecido un grupo de trabajo que unificará bases de datos relacionadas con la importación y venta de combustible, así como con su producción nacional. “Es fundamental tener una sola fuente de información”, enfatizó.
La mandataria también destacó las deficiencias en la trazabilidad de los combustibles en el país, un problema que se espera resolver para finales de octubre de este año, proporcionando así acceso en tiempo real a los datos requeridos. Esto permitirá identificar posibles irregularidades, como la venta de más combustible del que se importa o produce y, por ende, detectar si existe contrabando.
En el marco de esta problemática, la presidenta recordó que no hay datos oficiales de la Secretaría de Hacienda sobre el impacto económico del contrabando, puntualizando que las cifras mencionadas por la procuradora fiscal provienen de un cálculo de un diputado federal. Sin embargo, el secretario de Hacienda, Édgar Amador, sí reportó que el saldo histórico de querellas por delitos relacionados asciende a 16 mil millones de pesos, equivalente a cerca de 873 millones de dólares.
A principios de septiembre, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió un juicio contra diez marinos y funcionarios de aduanas por su presunta implicación en una red de ‘huachicol fiscal’, donde los acusados supuestamente permitieron la entrada de millones de litros de combustible, haciéndolos pasar como aditivos para ventas ilícitas dentro del país y evadir impuestos.
Este entramado de corrupción involucra a altos funcionarios, incluido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien fue detenido y es sobrino político de Rafael Ojeda Durán, exsecretario de Marina de 2018 a 2024.
La información presentada refleja una preocupación constante por la integridad del sistema fiscal y la necesidad urgente de establecer mecanismos de control más efectivos en la importación y distribución de combustibles. La administración de Sheinbaum busca no solo combatir el contrabando, sino también restaurar la confianza en las instituciones encargadas de la supervisión y regulación de este vital sector.
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