A poco más de un mes para que se celebren las primeras elecciones judiciales en la historia de México, programadas para el 1 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que algunas candidaturas ya aprobadas podrían ser retiradas si se comprueban vínculos con el crimen organizado. Así lo expresó este miércoles durante su tradicional conferencia matutina, donde dejó en claro que cualquier medida en ese sentido dependerá de la presentación de pruebas sólidas: “Tendrían que presentarse todas las pruebas”, señaló.
La polémica surgió tras declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien advirtió que “algunos defensores de narcotraficantes” buscan participar en las elecciones judiciales con la intención de acceder a cargos dentro del sistema de tribunales. “No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, afirmó el legislador, al tiempo que instó al Tribunal Electoral a “determinar el fondo del asunto”.
En respuesta, Sheinbaum reiteró que cualquier persona que no cumpla con los requisitos constitucionales, ya sea por razones de vínculos delictivos u otros incumplimientos, podrá ser excluida de la jornada electoral, incluso si ya ha sido registrada como candidata. Según explicó, podrían aplicarse medidas precautorias que eviten que estos perfiles continúen en la contienda.
Estas elecciones, consideradas clave para el gobierno actual, forman parte de la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y representan un experimento inédito en la historia política mexicana. Ante este escenario, la dirigencia de Morena ha comenzado a trabajar en una amplia movilización territorial para asegurar una alta participación ciudadana que legitime el proceso.
Durante la misma conferencia, Sheinbaum estuvo acompañada por su consejera jurídica, Ernestina Godoy, y por el exministro de la Suprema Corte Arturo Zaldívar, quienes ofrecieron detalles sobre los comicios. El gobierno federal busca consolidar la reforma judicial como uno de los pilares del nuevo proyecto de transformación institucional, con miras al próximo gran desafío electoral en 2027, cuando se renovarán autoridades en 16 estados del país.
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