La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su respaldo a la decisión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de revocar los permisos de más de 100 organizaciones civiles para recibir donativos. Ante las críticas que han surgido, Sheinbaum aclaró que esta medida no es de carácter político, sino que responde a criterios técnicos del fisco. “Es una decisión técnica del SAT. No es una decisión política del Gobierno”, afirmó.
Desde enero, la Secretaría de Hacienda ha retirado la autorización a al menos 100 asociaciones civiles y ha cancelado definitivamente el permiso a 13 grupos, justificando la acción en el hecho de que estas organizaciones no han cumplido con los requisitos necesarios para emitir comprobantes de donaciones deducibles de impuestos. La mandataria aseguró que desconocía el número exacto de ONG afectadas, pero enfatizó que el conflicto gira en torno al origen de las donaciones. “No puedes recibir donaciones si recibes dinero del extranjero”, explicó.
Según el comunicado de Hacienda, las organizaciones involucradas se encuentran actualmente tramitando sus permisos ante la institución, buscando recuperar su capacidad de operar. Entre los grupos afectados se encuentran entidades reconocidas como el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) y México Evalúa, que están dedicadas al estudio de la política pública y el desarrollo económico. También figuran otras organizaciones que promueven causas sociales, como el Ateneo Español de México, centrado en la conservación del acervo del exilio republicano, y Mexicanos Primero, que se enfoca en la educación.
La medida ha suscitado críticas, siendo considerada un mecanismo represor que podría debilitar el financiamiento de aquellas organizaciones que actúan como contrapesos al Gobierno. Amnistía Internacional ha manifestado su preocupación, argumentando que esta decisión ataca directamente la capacidad de las ONG para operar y apoyar a la población, lo cual representa un retroceso para la democracia en México.
Analistas y miembros de la sociedad civil continúan observando de cerca las implicaciones de esta decisión del SAT, que parece reflejar un endurecimiento de la regulación fiscal hacia las organizaciones civiles en el contexto de un panorama político cada vez más tenso. La repuesta de Sheinbaum y su administración a estas críticas subraya aún más el divide entre la política gubernamental y las organizaciones que evalúan su actuación, en un escenario donde la transparencia y el financiamiento son más cruciales que nunca.
A medida que las organizaciones afectadas buscan redefinir su estatus frente al fisco, el futuro de su operatividad y el impacto en sus proyectos será un tema de interés fundamental para la sociedad mexicana.
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