La presidenta Claudia Sheinbaum ha reafirmado su apoyo a la prisión preventiva oficiosa, considerándola una herramienta esencial para afrontar la creciente inseguridad y la actividad de grupos delictivos en México. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum argumentó que es crucial mantener esta figura legal para ciertos delitos de alto impacto, con el propósito de proteger tanto a la sociedad como a los jueces que imparten justicia.
En sus declaraciones, la mandataria destacó que la prisión preventiva, establecida en el artículo 19 de la Constitución desde 2019, no se aplica de manera automática. Subrayó que su implementación depende de una evaluación judicial basada en las pruebas presentadas por el Ministerio Público. “Frente a la situación de inseguridad que vive el país, es importante, incluso para la protección de los jueces, que haya delitos donde no quede al criterio del juez la prisión preventiva, sino que haya una orientación legal previa”, enfatizó Sheinbaum Pardo.
La presidenta también dirigió críticas hacia la oposición política, señalando que su desacuerdo con la medida carece de propuestas alternativas viables. “Es una medida que se toma frente a la situación actual y a las condiciones del país”, afirmó, reflejando así su compromiso ante el contexto de violencia y crimen organizado.
Estas afirmaciones de Sheinbaum se producen poco después de que se conociera el proyecto de resolución de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Margarita Ríos Farjat. La ministra propuso validar la ampliación del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa —iniciativa respaldada por el partido Morena en el Congreso—, aunque estableció que su aplicación no debe ser automática. Ríos Farjat sugerió que los jueces realicen audiencias para analizar la procedencia de esta medida, considerando siempre la necesidad de cautela respecto al imputado.
El proyecto, que se discutirá en el pleno de la SCJN el próximo 5 de agosto, busca eliminar el carácter automático de la prisión preventiva y establecer lineamientos claros para su aplicación, guiados por principios de excepcionalidad. Actualmente, los delitos que incluyen esta medida son el feminicidio, el abuso sexual contra menores, la corrupción, el robo de hidrocarburo, la desaparición forzada y el uso indebido de programas sociales con fines electorales.
Esta información refleja el clima vigente en México respecto a la seguridad pública y la administración de justicia, y se considera relevante para la discusión sobre políticas criminales en el país.
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