La reciente reforma a la ley de telecomunicaciones en México ha generado un considerable revuelo en el sector, al oficializar la preferencia del gobierno federal por la empresa público-privada Altán Redes, tras un periodo de creciente interés por parte del Estado. Este marco legal introduce reservas de espectro radioeléctrico sin costo para el Poder Ejecutivo, lo que plantea una serie de interrogantes sobre el futuro del mercado móvil en el país.
Una de las disposiciones más controversiales permite al Poder Ejecutivo ofrecer servicios de Internet ya sea directamente o a través de asociaciones público-privadas, manteniendo siempre el control del proyecto. Esta redacción ha suscitado preocupaciones entre los inversionistas privados, ya que abre la puerta a que el gobierno pueda solicitar espectro radioeléctrico gratuitamente, que posteriormente podría ser manejado por Altán Redes, cuya operativa es supervisada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El trasfondo de esta reforma no es trivial. Altán Redes experimentó un rescate financiero significativo durante la administración de Andrés Manuel López Obrador, que comprendió aportes millonarios destinados a revitalizar su competitividad. Desde entonces, la empresa ha mostrado una inclinación a expandirse en mercados urbanos y ha solicitado la entrada al mercado minorista, el cual aún le es inaccesible.
Analistas han advertido que la ley podría favorecer desproporcionadamente a Altán, al permitirle competir en el sector minorista y potencialmente marginar a otros operadores. La posibilidad de que el gobierno otorgue espectro automáticamente a Altán sin licitación, y con precios reducidos, plantea serias inquietudes sobre la equidad en la competencia y las inversiones privadas en el sector. Este sentimiento se ha visto reflejado en comentarios de expertos, quienes sostienen que una regulación sesgada podría alterar las dinámicas de inversión, al incentivar a los operadores a convertirse en virtuales, dependiendo de la infraestructura de Altán.
Además, se ha comentado que estas medidas podrían contravenir los acuerdos establecidos en el T-MEC, al favorecer a un operador estatal y limitar el ámbito competitivo del mercado telecomunicacional. Esta situación ha sido descrita como un posible debilitamiento de la neutralidad del regulador, puesto que su supervisión recaería bajo la influencia del gobierno.
Por otro lado, los analistas también sugieren que un crecimiento robusto de Altán, ya sea guiado desde el sector público o privado, debería fundamentarse en un entorno que garantice condiciones justas para todos los participantes. Sin embargo, se teme que la nueva ley, tal como está redactada, impulse desigualdades que podrían desincentivar aún más la inversión privada en un momento ya delicado para el sector.
Bajo el prisma de estas reformas, el panorama futuro del mercado de telecomunicaciones en México representa un delicado ejercicio de equilibrio entre la expansión de empresas públicas y la necesidad de mantener un ecosistema competitivo que beneficie a todos los ciudadanos.
Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.
