Sheinbaum cuestiona oposición a reformas electorales.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha expresado su descontento ante el rechazo de la modificación sobre la revocación de mandato, un aspecto clave del llamado “Plan B” de la reforma electoral. En una reciente conferencia de prensa, manifestó que no existieron argumentos sólidos que justificaran la negativa a permitir que este mecanismo se pudiera llevar a cabo en un año diferente al cuarto año de gobierno.

Sheinbaum indicó que la propuesta aspiraba a implementar la revocación de mandato durante el tercer año de gobierno, coincidiendo con las elecciones intermedias, o en otros momentos, siempre que se solicitara a través de firmas ciudadanas. Sin embargo, esta modificación al Artículo 35 constitucional fue eliminada durante las discusiones en el Congreso.

Desde su perspectiva, no había razón suficiente para que la revocación no se pudiera realizar en 2027 o en un periodo electoral posterior. Apuntó que la decisión podría estar relacionada con el temor de los partidos políticos ante el impacto que la figura presidencial podría tener en una boleta electoral, lo que refuerza la importancia de los mecanismos de democracia participativa.

Durante esta votación, aunque el Partido del Trabajo se distanció de la modificación sobre la revocación de mandato, otras fuerzas políticas también se manifestaron en contra. Esto revela un panorama de incertidumbre y resistencia en torno a las reformas propuestas.

A pesar de este revés, la presidenta anticipó que su administración podría insistir en futuras reformas que fortalezcan los mecanismos de participación ciudadana, incluso explorando el uso de herramientas electrónicas para facilitar la colaboración de la población en procesos democráticos a nivel municipal y estatal.

En cuanto al núcleo de la reforma, Sheinbaum destacó que se logró la aprobación de varios puntos fundamentales, en particular aquellos destinados a reducir privilegios en el servicio público. Entre las disposiciones aprobadas se encuentran la eliminación de beneficios como seguros de gastos médicos privados, bonos y pensiones excesivas financiadas con fondos públicos. También se estableció que ningún funcionario puede recibir un salario superior al presidente de la República.

Se introdujeron cambios significativos en la estructura de los ayuntamientos, fijando un límite de 15 regidores, así como una restricción en el presupuesto de los congresos estatales, que no podrá exceder el 0.7% del gasto total de cada entidad. Estos ajustes están orientados a reducir el gasto en el Senado y otros órganos electorales.

En este contexto, la presidenta destacó que el objetivo central del “Plan B” radica en garantizar que los recursos públicos no sean utilizados para los “privilegios de unos cuantos”, sino que se destinen a sectores vitales como salud, educación y programas sociales. Así, la administración de Sheinbaum se reafirma en su compromiso por la equidad y la transparencia en el uso del presupuesto federal.

Actualización: Los datos presentados corresponden a una publicación del 26 de marzo de 2026.

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