Cuando el Partido Verde y el Partido del Trabajo manifestaron su rechazo a la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, se desencadenaron importantes ajustes en la iniciativa. Con el fin de evitar un enfrentamiento con sus aliados dentro de Morena, Sheinbaum decidió retirar dos temas cruciales de la agenda: el aplazamiento de la elección judicial de 2027 y la anticipación de la consulta sobre la revocación de mandato, que se empataría con las elecciones del próximo año.
La iniciativa de reforma, que fue enviada el 1 de marzo de 2026, se ha diseñado con una estructura en tres etapas. La primera parte incluye una reforma constitucional que busca disminuir el financiamiento otorgado a los partidos, eliminar 32 senadurías de representación proporcional y restar influencia a las dirigencias de los partidos sobre 200 diputaciones plurinominales. En una segunda fase, se presentará un paquete de leyes secundarias para regulamentar estas modificaciones, mientras que la tercera etapa abarcará reformas que alteren el actual calendario electoral.
A los funcionarios que han estado implicados en la elaboración de la propuesta, se les ha señalado que el objetivo es optimizar la reforma y dividir las iniciativas de manera estratégica. La primera etapa se limita a cambios en 11 artículos constitucionales. Si esta parte del proyecto es rechazada, no podrá ser discutida nuevamente en el mismo año legislativo, obligando a que cualquier intento de reforma se espere, al menos, un año.
En este contexto, se ha explicado que los temas de la elección judicial y la revocación de mandato son esenciales y que retenerlos en la propuesta no significa que estén descartados. Aumentar en un año la elección judicial, originalmente fijada por la reforma de 2024, busca evitar que se realice al mismo tiempo que las elecciones federales y locales de junio. Esto no solo pretende corregir errores en procesos anteriores, sino también facilitar una mayor participación ciudadana, que el año pasado apenas alcanzó el 13%.
Por otro lado, adelantar 10 meses la revocación de mandato de Sheinbaum, que actualmente está programada para abril de 2028, sería un movimiento táctico que, según críticos, podría llevarla nuevamente a la boleta electoral en un momento estratégicamente favorable para su partido. Esta propuesta también pasa por la mesa de discusión, aunque enfrenta resistencias desde la oposición.
La presidenta también ha trabajado en un paquete de reformas a las leyes secundarias que complementen la reforma constitucional presentada. Estas reformas incluirían medidas como facilitar consultas populares, fomentar el voto de ciudadanos en el exterior, y regular el uso de inteligencia artificial en las campañas electorales.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que no existen planes de presentar un “plan B” que retome los temas que el Congreso haya rechazado en la reforma constitucional. Sin embargo, algunas propuestas, como la reducción de gastos en elecciones, podrían implementarse a través de cambios en las leyes secundarias, como ya se intentó con la administración anterior.
La mesa se encuentra ahora en un punto crucial, ya que las Comisiones de Reforma Electoral y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se preparan para discutir y votar el dictamen de esta reforma. Sin el apoyo del Partido Verde y el Partido del Trabajo, Morena se enfrenta al desafío de alcanzar los 334 votos necesarios para aprobar la reforma.
La situación es delicada y vigilada, mientras el desenlace de esta reforma electoral podría tener repercusiones significativas en el panorama político mexicano.
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