Sheinbaum impulsa inversión compartida en infraestructura.

En un ambicioso esfuerzo por reactivar la economía de México, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum está centrando sus esfuerzos en la inversión en infraestructura. En semanas recientes, se presentó al Congreso la iniciativa para la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar. Esta propuesta busca incentivar tanto la inversión pública como la privada en los próximos cuatro años, ofreciendo un marco legal que permita a las empresas coludirse con el Gobierno en sectores clave como el energético, ferroviario, de carreteras y puertos.

El panorama económico del país ha sido preocupante, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de solo el 0,8% en 2025. A través de esta nueva legislación, el objetivo de Sheinbaum es elevar significativamente la inversión, sin recurrir a aumentos fiscales ni comprometer las finanzas públicas. La meta es alcanzar una inversión total de 5,6 billones de pesos entre 2026 y 2030, utilizando contratos mixtos, contratos a largo plazo y esquemas de colaboración financiera que involucren al Estado como socio de las empresas privadas.

La relación entre el sector privado y el Gobierno sufrió un golpe bajo durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. La cancelación del aeropuerto de Texcoco marcó un hito que generó dudas sobre la seguridad jurídica de las inversiones en el país. Con la nueva ley, Sheinbaum busca restaurar la confianza de los empresarios y facilitar la llegada de capitales.

El enfoque de la inversión estará dividido principalmente en el sector energético (54,15%), seguido de trenes (15,63%), carreteras (13,94%) y puertos (6,48%). La Secretaría de Hacienda ha proyectado un crecimiento optimista para el PIB, estimando un aumento del 1,8% al 2,8% para 2026. Este impulso es vital, ya que la inversión privada es considerada el motor del crecimiento económico, y se espera que resurja a medida que las empresas se ajusten al nuevo marco regulatorio.

El Gobierno ya ha comenzado a aplicar estos modelos de financiamiento, como en el caso de Petróleos Mexicanos (Pemex), que recientemente firmó varios contratos mixtos para la exploración de hidrocarburos. Se destaca que para finales de 2025, la inversión en México alcanzó el 22,9% del PIB, de la cual el 19,5% correspondió al sector privado.

A pesar de estas iniciativas, persisten dudas sobre la aplicabilidad y el marco de la ley. Algunos sectores manifiestan inquietudes sobre la discrecionalidad que podría tener el Gobierno al decidir qué proyectos son realmente estratégicos, así como la falta de protección jurídica adecuada para los inversionistas.

La voz del sector privado se ha comenzado a escuchar, con propuestas para involucrarse en la toma de decisiones sobre los proyectos que se llevarán a cabo. Luis Méndez Jaled, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, ha solicitado una participación activa en el proceso, evidenciando el deseo de colaboración entre los constructores y la administración actual.

Mientras tanto, organismos multilaterales han llamado a la necesidad de una reforma fiscal que amplíe la base de recaudación del Estado. Sheinbaum, consciente de las limitaciones fiscales, ha apostado por un enfoque basado en la inversión privada para evitar sobreendeudamientos y garantizar la estabilidad financiera del país.

Con esta iniciativa, el Gobierno de México espera no solo impulsar la economía, sino establecer un marco que permita a las empresas prosperar en un entorno de confianza y seguridad jurídica. Todo está por verse, pero la propuesta de Sheinbaum marca un intento claro de transformar la dinámica entre la inversión privada y el estado para beneficio colectivo.

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