La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha presentado un ambicioso Plan Integral de Apoyo al Cine Nacional, diseñado para revitalizar y fortalecer la industria cinematográfica del país. Este plan incluye una serie de estímulos fiscales y medidas que buscan atraer producciones internacionales, pero con un enfoque que garantice la participación activa de talento y servicios locales.
El 16 de febrero de 2026, se dio a conocer que el nuevo incentivo fiscal ofrecerá un 30% de reducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) para proyectos audiovisuales que se realicen en territorio mexicano. Este movimiento tiene como objetivo no solo reforzar la producción cinematográfica nacional, sino también potenciar el empleo y la economía creativa a través de la contratación de recursos locales.
La Secretaría de Cultura, a cargo de Claudia Curiel de Icaza, ha especificado que el beneficio tiene un límite de 40 millones de pesos por proyecto y que se exigirá que al menos el 70% de los insumos sean de origen nacional. Podrán acceder estas ayudas no solo las personas físicas y morales mexicanas, sino también empresas extranjeras que operen en México y productoras que colaboren con empresas residentes en el país.
Los requisitos de inversión mínima son claros: se requieren 40 millones de pesos para largometrajes de ficción o animación, 20 millones para documentales y 5 millones para actividades específicas como postproducción o efectos visuales. Esta estrategia ha sido bien recibida, incluso por figuras como la actriz y productora Salma Hayek, quien ha destacado que puede detonar el turismo y el empleo cultural, además de posicionar las narrativas mexicanas a nivel global.
El plan forma parte de un enfoque más integral que incluye un aumento del 18% en el estímulo EFICINE, el fortalecimiento del Centro de Capacitación Cinematográfica y la apertura del CCC Chapultepec, así como un incremento del 25% en el presupuesto del IMCINE. También se tiene contemplada la presentación de una nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual, que busca modernizar la legislación vigente desde 1992.
Entre los aspectos más destacados de esta iniciativa se incluyen cinco ejes fundamentales. Primero, la modernización del marco legal enfocado en derechos culturales; segundo, garantizar una presencia mínima del cine mexicano en las salas, así como su visibilidad en plataformas digitales. Tercero, un compromiso del Estado para ampliar los apoyos económicos a la producción, sobre todo para proyectos independientes. Cuarto, medidas para proteger a los profesionales del doblaje frente al uso de inteligencia artificial, estableciendo reglas de consentimiento y remuneración. Y quinto, un esfuerzo por consolidar a México como un polo internacional de producción audiovisual mediante una política integral que abarque todas las etapas desde la formación hasta la exhibición.
Con estas acciones, el gobierno mexicano busca no solo revitalizar su industria cinematográfica, sino también fortalecer su soberanía cultural a través de la promoción de historias y talentos locales.
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