Sheinbaum pretende relanzar su carrera en 2027

La presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha una estrategia que busca no solo asegurarse un lugar en la boleta electoral de 2027, sino también la capacidad de influir activamente en la campaña. Su nuevo enfoque se cristaliza en una reforma electoral, conocida como “plan B”, que contempla importantes cambios en la dinámica electoral de México.

Enviado al Senado el pasado martes, este proyecto propone la modificación de un candado que actualmente prohíbe a los presidentes emitir opiniones durante los meses previos a la revocación de mandato. De aprobarse, Sheinbaum podrá participar en el debate público y manifestar su posición frente a los votantes, un derecho que le fue negado al expresidente Andrés Manuel López Obrador en 2022.

La iniciativa modifica el artículo 35 de la Constitución, estableciendo que los funcionarios sujetos a revocación tendrán la facultad de promocionar su permanencia en el cargo, en los términos que la ley disponga. Adicionalmente, busca reformar el mismo artículo para permitir que se solicite la revocación al culminar el segundo o tercer año de gobierno, uniformando los tiempos de la votación con las elecciones federales y locales del próximo año. Este cambio tendría como objetivo reducir tanto los costos como el desgaste ciudadano asociados a los procesos electorales.

De salir adelante, esta reforma generaría un contexto inédito en el que tres procesos federales coincidirían: la elección de diputados, la selección de jueces y la revocación de mandato—en un escenario de “súper elección”. Aunque Sheinbaum no podrá pedir directamente el voto a favor de ningún candidato o partido, sí podrá exponer los logros de su administración, lo que genera preocupación entre los partidos de oposición, quienes advierten sobre posibles distorsiones en las reglas electorales vigentes.

También se prevé la modificación de restricciones existentes sobre la difusión de propaganda gubernamental, que actualmente prohíbe su publicación durante nueve meses antes de la jornada de revocación. Con la nueva normativa, esta limitación se acortaría a 60 días previo al evento electoral, alineándose con formatos ya establecidos en elecciones ordinarias.

El plan B no solo se centra en la cuestión de la campaña presidencial, sino que también introduce reformas al manejo presupuestario de los congresos estatales y del gobierno federal. Se propone que los Congresos no excedan el 0.7% del presupuesto estatal y se limita la capacidad de solicitar ampliaciones en el gasto. Además, se establece un recorte significativo en los salarios de altos funcionarios electorales, alineándolos con el salario del Presidente, que actualmente es de 134,290 pesos mensuales netos.

A pesar de haber contemplado una reforma más ambiciosa en su inicio, que incluía la reducción del financiamiento a partidos y modificaciones en la selección legislativa, la presidenta se ha conformado con esta versión mínima, apoyada por sus aliados políticos del partido Morena, el Verde y el PT.

Con la fecha límite del 30 de mayo para la aprobación de cualquier reforma electoral, las negociaciones continúan activas. La próxima discusión en el Senado está programada para el 24 de marzo, justo antes del periodo de Semana Santa. El clima político se encuentra tenso, pero los aliados de Sheinbaum han manifestado su respaldo a esta iniciativa, marcando un paso crucial en la agenda de la administración de cara a las próximas elecciones.

Esta información corresponde al 17 de marzo de 2026 y refleja los eventos y decisiones más recientes en el ámbito político mexicano.

Gracias por leer Columna Digital, puedes seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram o visitar nuestra página oficial. No olvides comentar sobre este articulo directamente en la parte inferior de esta página, tu comentario es muy importante para nuestra área de redacción y nuestros lectores.