La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dirigió a la nación con un mensaje claro en medio de la incertidumbre generada por un reciente fallo de la Suprema Corte. Este fallo permite a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelar cuentas bancarias sin la necesidad de una orden judicial, siempre que existan sospechas de actividades ilegales. Sheinbaum sostuvo que esta medida es un avance crucial en la lucha contra el crimen organizado, afirmando: “¿Cuál es la mejor manera de garantizar que no haya lavado de dinero? Inmovilizando una cuenta”.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria buscó apaciguar las inquietudes del sector privado, que siente el peso del cambio normativo. Esto se produce en un contexto donde el gobierno ha tenido dificultades para atraer la inversión necesaria para su programa económico. En un intento por brindar confianza, Sheinbaum subrayó que, históricamente, la UIF no ha congelado cuentas de empresarios no implicados en actos de lavado de dinero. Además, compartió que su administración ha congelado hasta ahora alrededor de 5,000 millones de pesos, equivalente a unos 287.1 millones de dólares, en cuentas consideradas sospechosas sin que ello haya suscitado preocupación adicional.
La presidenta también vinculó este nuevo enfoque de la UIF a la reforma a la Ley de Amparo, aprobada el año anterior, que ha enfrentado críticas. Según Sheinbaum, si un titular de cuenta siente que su situación es injusta, puede presentar un recurso que, en teoría, debe resolverse en un plazo máximo de seis meses, a diferencia del proceso anterior donde las suspensiones eran casi automáticas.
Más allá de estos ajustes administrativos, la presidenta enfatizó que el gobierno debe hacer frente a la realidad de la delincuencia organizada, señalando: “La mejor manera de hacerlo es seguir la pista del dinero”. Este enfoque es un intento claro de fortalecer las herramientas del Ejecutivo en la lucha contra el narcotráfico y las finanzas ilícitas.
El clima tenso se intensifica también por la presión que ejerce Estados Unidos sobre el sistema financiero mexicano. Recientemente, el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a tres instituciones bancarias mexicanas por supuestos vínculos con el lavado de dinero del tráfico de opioides, lo que obliga a nuestro país a adoptar medidas más contundentes en el ámbito financiero.
A medida que la administración de Sheinbaum intenta navegar por estas aguas turbulentas, queda claro que el futuro del sector privado y la seguridad financiera de México dependen de una estrategia bien articulada y de la capacidad del gobierno para gestionar tanto la incertidumbre como los desafíos económicos que se avecinan.
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