La presidenta Claudia Sheinbaum enviará, este 27 de agosto de 2026, al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que podría transformar el paisaje político del país. La propuesta tiene un objetivo claro: establecer que quienes aspiren a la Presidencia de México, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de solicitar su registro como candidatos.
Este cambio busca cerrar un vacío interpretativo en la Constitución, dejando en claro que quienes deseen ocupar estos cargos de alta responsabilidad deben tener como única nacionalidad la mexicana. Esto sería un paso significativo hacia la garantía de que los intereses del país primen sobre cualquier deber o lealtad hacia un Estado extranjero.
Durante su conferencia matutina, Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, detalló que la iniciativa incluye modificaciones a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución. Estas modificaciones establecen requisitos específicos para quienes busquen la Presidencia, gobernaturas y la Jefatura de Gobierno. Para el cargo de Presidente de la República, los aspirantes deberán ser mexicanos por nacimiento, tener pleno goce de sus derechos, haber residido en el país durante al menos 20 años y, crucialmente, renunciar a cualquier otra nacionalidad antes de registrarse como candidatos. Además, durante su mandato no podrán adquirir o solicitar otra nacionalidad.
El mismo principio aplicaría a los futuros gobernadores y a la Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Quienes busquen liderar gobiernos estatales también tendrían que acreditar que solo cuentan con la nacionalidad mexicana, asegurando que la revisión de este requisito se lleve a cabo desde la etapa de registro electoral y no solo al asumir el cargo.
Pero la iniciativa no se queda allí. La propuesta contempla estrictas sanciones para aquellos que incumplan con estas disposiciones, que abarcan desde la invocación de una nacionalidad diferente ante autoridades extranjeras hasta el uso de documentos de identificación expedidos por otro Estado. De hecho, el incumplimiento estaría sujeto a las leyes del Título Cuarto de la Constitución Mexicana.
Sheinbaum ha justificado esta medida con la firme creencia de que quienes encabecen el Poder Ejecutivo, ya sea a nivel federal, estatal o en la capital, deben tener como vínculo primordial la nacionalidad mexicana. La mandataria ha destacado que el interés nacional debe prevalecer por encima de cualquier otro interés que pueda representar una doble nacionalidad.
A pesar del avance propuesto, se reconoce que en la actualidad existen personajes públicos que han ocupado gobernaturas con doble nacionalidad, algo que la legislación actual no ha establecido de forma suficientemente clara. Con esta reforma, se busca erradicar esas lagunas y garantizar que los gobernantes mantengan el enfoque en el bienestar del país.
La propuesta será discutida en el periodo ordinario de sesiones que comenzará el 1 de septiembre, lo que dará pie a que diputadas, diputados y senadores analicen los cambios propuestos y determinen su viabilidad. De ser aprobada, México establecería, de manera directa y efectiva, que quienes aspiren a liderar el país deberán dejar atrás cualquier otra nacionalidad antes de competir por estos importantes cargos.
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