El reciente despliegue de la Guardia Nacional en Los Ángeles, ordenado por Donald Trump, marca un paso significativo hacia la militarización de la política migratoria en Estados Unidos. Este movimiento se produce en un contexto de intensas protestas contra las agresivas redadas migratorias implementadas en todo el país. El presidente fundamentó su decisión en una ley que le permite federalizar esta fuerza armada en situaciones de insurrección o cuando se necesite proteger propiedades federales, pero muchos críticos lo ven como un intento de reprimir la disidencia y mostrar fuerza frente a la oposición.
Ante esta situación, el gobernador de California, Gavin Newsom, afirmó que no existe una insurrección en su estado, calificando la medida como inconstitucional y denunciando que el presidente busca imponer una agenda autoritaria bajo un manto de legalidad. Newsom destacó que el uso de tropas para controlar protestas pacíficas solamente alimenta el miedo y no la paz.
La situación se ha complicado aún más tras el arresto y la herida de David Huerta, presidente de un sindicato que representa a miles de trabajadores latinos, durante las manifestaciones. Este incidente ha reforzado la percepción entre organizaciones civiles de que la intención del despliegue no es preservar el orden, sino criminalizar la protesta y amedrentar a quienes buscan organizarse.
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se ha manifestado con firmeza en desacuerdo con esta estrategia migratoria. Ha instado a la necesidad de una reforma integral que respete los derechos humanos y ha rechazado el impuesto del 3.5% a las remesas enviadas por no ciudadanos, considerándolo injusto y discriminatorio. Esta postura resalta un cambio respecto al silencio de administraciones pasadas, incluido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora, México parece no aceptar que sus migrantes sean tratados como una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.
El uso de la Guardia Nacional por parte de Trump plantea interrogantes sobre los límites de su poder y la función de las fuerzas armadas en una democracia. Una ley federal de 1878 prohíbe que los militares actúen como fuerza policial interna, y si esta línea se cruza, podría implicar no solo una violación constitucional, sino también un deterioro en la confianza pública hacia el gobierno.
Las reacciones de Sheinbaum y las acciones de Trump pueden llevar ambas partes a un camino de confrontación, potencialmente afectando lo que hasta ahora ha sido una relación personal positiva entre ellos. Si el presidente persiste en su enfoque agresivo hacia los migrantes mientras que la presidenta se mantiene firme en su posición, podríamos estar ante el inicio de un esperado desencuentro entre ambas administraciones.
La información presentada corresponde a la fecha de publicación original, el 10 de junio de 2025.
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